El Movimiento Cívico de Bolivia anunció este jueves un paro nacional indefinido a partir del lunes 7 de noviembre si el Gobierno no resuelve para entonces el conflicto por el Censo.

Tras una reunión entre los nueves comités cívicos, ocho aprobaron otorgarle un plazo de 72 horas al Gobierno para responder a sus demandas, según confirmó la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz.

El movimiento cívico, según un pronunciamiento conjunto, exige “abrogar” el decreto 4760, “realizar el Censo “en 2023” y “fijar la fecha en una mesa técnica con todos los actores involucrados”; también, “levantar de inmediato el cerco” a Santa Cruz, “establecer una mesa de diálogo” y “pacificar” el país, “suspendiendo la represión política y la persecución judicial contra dirigentes cívicos e institucionales”.

Graz dijo que Cochabamba no firmó el pronunciamiento y pidió consultar antes con sus bases.

“Necesitamos despojarnos de todo apetito personal, de grupo, y tratar de establecer un diálogo sincero, en pro de que exista solución a este problema por un Censo oportuno”, dijo Graz en declaraciones a los medios de comunicación. “Estamos solicitando que, de una vez, cesen todas estas hostilidades, que Bolivia se pacifique, Santa Cruz se pacifique”, agregó.

Por su lado, el presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) reconocido por el movimiento cívico nacional, Roger Amador, destacó en Correo del Sur Radio que expresaron su respaldo a Santa Cruz mediante una carta y precisó que la realización del paro indefinido está condicionado a la resolución del conflicto por la fecha del censo.

El dirigente cívico, Wilmar Aguirre, cabeza de otro bloque afín al MAS, desconoció el apoyo expresado por Amador. Varios actores han criticado la falta de una posición clara de Chuquisaca sobre este conflicto.