DIBUJO LIBRE

Han trascurrido tres años desde los hechos de octubre y noviembre de 2019, de esa terrible coyuntura que marcó un punto de inflexión en nuestra democracia y hasta la fecha se sigue debatiendo y buscando la verdad y la justicia, por entre las tergiversaciones y falsedades que algunos medios de comunicación con fines e interés mezquinos y sectarios sacan (véase Página Siete del 30 de septiembre de 2022 y El Deber 19 de octubre de 2022) y la racionalidad de la verdad, la verdad que, como diría Winston Churchill, “es incontrovertible, la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final la verdad está ahí”.

Para desentrañar esa verdad por sobre todo debemos recurrir a la lógica y a la “razón suficiente”, como diría Descartes. Y ¿cuál es esa verdad y esa razón a la luz de los hechos tres años después de ocurridos los hechos?

Como lo ha establecido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Bolivia, no la justicia, ni la Fiscalía boliviana: “Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, según el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, se debe contar con la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores… y define que la presidencia de la cámara le corresponde al bloque de mayoría. En reunión del Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Jeanine Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia del presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, se proclamó presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia” (Informe GIEIBolivia, página 27). Si a esto le sumamos que fueron las Fuerzas Armadas, a través de su Alto Mando Militar, las que horas antes le “sugirieron” su renuncia al Presidente Constitucional, que la presidenta autonombrada no juró ante nadie, que jamás fue a la asamblea y que, como finaliza el mismo informe GIEI: “El mismo día de noviembre, Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el Jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, simbolizando que su poder ilegítimo no devenía de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino de la fuerza armada. A la luz de la verdad y la razón no queda, pues, duda alguna de que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hizo del poder, sin cumplir los mínimos requisitos legales, y basada en la imposición y la fuerza. Esta situación, sumada a las muertes de los días subsiguientes, en cualquier tiempo y en cualquier parte del mundo no tiene otro nombre que “golpe de estado”.

Por otra parte, y hablando del otro extremo del péndulo, sobre la teoría del supuesto fraude electoral, después de tres años, incluido uno en que quienes hicieron el golpe de estado gobernaron a su más pleno antojo y sometieron humillantemente a la justicia y por cuyos actos, nomás esta semana, el ex hombre fuerte de ese gobierno se declaró culpable, no en Bolivia, sino en la justicia de Florida, Estados Unidos, nos preguntaremos: ¿qué prueba o elemento mínimamente convincente hay de ese supuesto fraude? Más allá de ello, ¿cuál es la teoría del caso de Carlos Mesa, Fernando Camacho y el mismo Luis Almagro Lemes, que hablan de un “gigantesco fraude electoral” y una “manipulación dolosa de los resultados electorales”?, ¿cómo se hizo el supuesto fraude? Si fue gigantesco tuvieron que participar muchas personas, ¿quiénes fueron estas personas?, ¿cómo hicieron la manipulación dolosa?, en definitiva, ¿cuántos votos se llevaron de Morales a Mesa?, son preguntas que mínimamente deberían tener siquiera una aproximación de respuesta. No la hay, no hay nada de nada que sustente esa teoría y lo peor de todo es que con esta mentira ensangrentaron al país y 38 personas perdieron la vida, quebraron la democracia y generaron gran sufrimiento y dolor a gente inocente.

En la Organización de los Estados Americanos y en la comunidad internacional existe plena convicción de lo que en realidad pasó, aunque no asuman sus errores. Y no es como dicen dos medios de comunicación, no fueron seis ni siete fracasos, fueron seis o siete momentos de vergüenza y desespero de un Secretario General que como nunca antes pende de un hilo. Quizá su euforia, desesperación y enojo en la última sesión del 7 de septiembre de este año, en la que, ante la tranquilidad y la luz radiante de la verdad, se salió de quicio haciendo pasar vergüenza ajena a los embajadores y a sus propios acólitos, que no sabían cómo calmarlo, sea una muestra más que evidente de lo que pasa. Quizá la negativa a entregar información sensible, solicitada una docena de veces y ordenada por dos documentos internacionales (uno de ellos suscrito por los presidentes de América y otro por los cancilleres del continente), sean otra muestra más del secreto a voces más extendido en la OEA: nunca hubo fraude electoral en Bolivia en 2019.

Podríamos hablar sobre los seis informes independientes y académico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) o del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y llenar libros enteros sobre los hallazgos independientes que certificaron la absoluta falsedad de la conclusión de los informes de la Secretaria General de la OEA, aunque a modo de salvavidas el Departamento de Estado de la Unión Americana haya presentado un informe de tres hojas sin sustento alguno, haciendo eco político al Secretario General más político que jamás haya tenido una organización, con más sombras que luces, como es la OEA.

El tiempo pasa y como dijo Séneca: “El tiempo siempre revela la verdad”, más temprano que tarde la verdad se impondrá y con ella la memoria y la justicia.

(*)Héctor Arce Z. es abogado, actual representante en la OEA