Medio: La Razón
Fecha de la publicación: domingo 30 de octubre de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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POR GERSON RIVERO
SANTA CRUZ / 30 de octubre de 2022 / 05:14
El décimo mes del año trae tristes recuerdos de la historia política reciente del país.
SALA DE PRENSA
Las jornadas de octubre de 2003 cambiaron el mapa político, desde entonces los grupos de poder tradicionales han sido marginados y hay un rol más protagónico de los movimientos sociales”. El texto corresponde a un informe de la oficina del Defensor del Pueblo en 2019, al conmemorarse 16 años de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El enunciado resultó una especie de Déjà vu, pues en ese octubre comenzaba la crisis política que pondría fin a la Presidencia de 13 años 10 meses y 20 días, de Evo Morales, materializada el 11 de noviembre.
Pero la conflictividad había comenzado el 22 de octubre, cuando el Comité pro Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, impulsó un paro indefinido, que tuvo el desenlace mencionado.
El mes acabó con dos fallecidos por los conflictos, Mario Salvatierra Salvatierra (55) y Marcelo Terrazas Seleme (41), victimados el 30 en enfrentamientos sostenidos en Montero. Fue suficiente para que la prensa hable de un nuevo “Octubre negro”.
Y es que desde el original en 2003, cada vez que llegaba el décimo mes del año el ambiente político en Bolivia se ponía hostil. Así en 2006, que de por sí fue un año muy conflictivo debido a la realización de la Asamblea Constituyente, en octubre cobró notoriedad la demanda de Capitalidad Plena en el texto constitucional, de parte de la institucionalidad chuquisaqueña, que fue in crescendo hasta noviembre (23 al 25) cuando se dieron los enfrentamientos en el puente La Calancha, que se saldaron con al menos tres fallecidos.
Dos años después encontramos un octubre más relajado, la calma después de la tormenta. La crisis de 2018, que el gobierno de Evo Morales calificó como “Golpe Cívico Prefectural”, fue una de las más duras. La toma de instituciones en los departamentos denominados de la ‘Media Luna’ (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y la Masacre de Porvernir, que terminó con 15 muertos, 13 de ellos, campesinos y dos funcionarios de la Prefectura pandina.
En ese año, octubre fue el mes en el que se logró la pacificación tras un acuerdo entre el gobierno y el Conalde (Consejo Nacional Democrático), conformado por los prefectos y líderes cívicos opositores.
Esa paz relativa, pues el gobierno de Morales enfrentó conflictos durante todos sus mandatos, se quebró en 2011 con la oposición de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) a la construcción de una carretera que atravesaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El conflicto se fue agudizando y recibió adhesiones del arco político opositor y perdiendo a un histórico sector aliado como el de los indígenas del Oriente.
El punto máximo de la protesta se dio con la Octava Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas, que partió hacia La Paz el 15 de agosto de 2011, misma fecha en que se inició la primera marcha en 1990.
La llegada a la sede de gobierno fue el 19 de octubre, en medio de una gran crispación y polarización política en la ciudad y todo el país.
Finalmente, la intervención del primer mandatario logró pacificar el movimiento, pero también se dio marcha atrás con la construcción de la polémica vía.
En 2018, octubre empieza con una noticia devastadora para Evo y para el país en general, la Corte Internacional de Justicia, más conocida como el Tribunal de La Haya, concluyó que “la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”.
A partir de ahí, el final de la era de Morales fue una crónica anunciada. La oposición lo acusó de haber hecho una mala representación de los intereses del país, e irónicamente el expresidente Carlos Mesa, que había acompañado a Morales como vocero oficial de la causa marítima, revivió políticamente para convertirse en su principal competidor en las elecciones generales de 2019.
Otra vez octubre. El 20 se llevaron a cabo las elecciones y no se conocieron los resultados hasta el 21, cuando la oposición con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció un posible fraude. Es allí donde surge la figura de Luis Fernando Camacho, que impulsa el paro indefinido, que duró 21 días, hasta la renuncia de Morales.
Sin embargo, el ambiente venía crispado de antes, teniendo su clímax el 4 de octubre de 2019, con un cabildo convocado en Santa Cruz, donde se anticipa que “no se reconocerá la victoria de Evo Morales en primera vuelta”, pues asumen que si eso se daba sería a causa de un fraude. Seis días después, sendas convocatorias en La Paz y Cochabamba ratificarían la misma postura.
Tras la caída de Morales vino el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, hoy detenida por asumir ilegalmente el poder. Luego de una serie de presiones, en medio de la pandemia del coronavirus, se convocaron a nuevas elecciones, que recayeron nuevamente en octubre, esta vez en el 18.
La victoria de Luis Arce Catacora con 55% de los votos por encima de Carlos Mesa (28%) y el advenedizo Camacho (14%), parecía devolver la calma al sistema democrático, pero la tensión se hizo presente los días posteriores a los comicios, cuando militantes opositores extremos se congregaron para denunciar nuevamente fraude electoral. Incluso llegaron a las puertas de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, estableciendo una vigilia para demandar a los militares que tomen el poder. El propio régimen de Áñez debió reconocer la victoria de Arce y preparar la transición para la asunción del nuevo mandatario.
En octubre de 2020 volvió el fantasma de la desestabilización. La Ley N° 1386 “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” fue el leitmotiv para que el 11 de octubre, con un paro de 24 horas, seguido de uno de 48 el 21 y 22, y uno indefinido en noviembre que duró nueve días, lleve al Gobierno a derogar dicho proyecto.
En 2022, cuando se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982, Bolivia se encuentra en un nuevo conflicto, esta vez por el Censo Nacional de Población y Vivienda. Ojalá sea un Octubre Gris y no llegue a Negro.



