Nuestra predilección por la pelea, el grito y la amenaza no está puesta en duda. Estamos acostumbrados sobre todo a la exhibición de fuerzas y no se concibe victoria que no tenga que ver con la aniquilación del otro. Esa es, por lo menos, la tónica de lo que estamos viviendo desde 2019 (y antes).

Lejos de haber aprendido las lecciones, dolorosas para todos casi sin excepción, de aquel periodo, los bolivianos parecemos estar dispuestos a saldar las deudas que quedaron, renovar los ánimos que se atizaron entonces e intentar, en lo posible, la vendetta, la batalla definitiva.

Tanto el Comité Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional como su adversario, el Gobierno y el MAS, se han mostrado en esa disposición en los más de 10 días que lleva el paro cívico convocado para que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, no en 2024, como quiere el Ejecutivo.

Pero, una cosa es tener una postura y defenderla, y otra es acudir a ella para saldar deudas viejas y de otra naturaleza. El Gobierno quiere sancionar y torcer el brazo a un Santa Cruz que considera enemigo natural y gestor de lo que considera el golpe de Estado de 2019. Del otro lado, los cívicos orientales no quieren ser ninguneados y optan por reeditar lo que consideran la gesta de los 21 días; saben que cuentan con un poder económico clave para el país, que tienen una población cada vez mayor y al margen de que en justicia les corresponden más recursos y representatividad, están convencidos de que tienen la fuerza para cohesionar a la población del área metropolitana a su favor en esta contienda.

El Gobierno, que tendría que tener como prioridad la búsqueda de soluciones y si es posible la deposición de esos ánimos que puedan provocar una nueva crisis, no se ha mostrado en ningún momento dispuesto al consenso. Por el contrario, ha acudido una y otra vez a la retórica del golpismo y a poner cuanta sal puede en las heridas, recordando una y otra vez que sus grupos afines siguen buscando justicia por sus víctimas en las masacres de 2019.

Para hacer más evidente la pugna, y más álgida, ha promovido el cerco a la ciudad y, en su búsqueda de quebrar el liderazgo que mantiene el paro y que buscaba la adhesión de otras ciudades, ha acudido a llevar gente de otros departamentos para acorralar a Santa Cruz. No ha sido un proceso espontáneo, sino fría y abiertamente planificado, como se ha visto por la presencia y convocatoria de ministros como Edgar Montaño en las marchas de contrabloqueo que han asediado a la capital oriental durante los últimos días.

Montaño, ministro de Obras Públicas, anunció que el lunes cuatro columnas de marchistas de vecinos y ciudadanos afectados por el paro indefinido ingresarán a la ciudad de Santa Cruz pidiendo levantar la medida de presión y exigiendo que se respete el derecho al trabajo. El Gobierno también ha desplegado a más de 500 efectivos policiales que resguardan a los marchistas. No se acaba ahí el acoso, después del corte del servicio de gas a las empresas del parque industrial, se limitó la exportación de los principales productos de la agroindustria cruceña y luego se procedió al desabastecimiento de combustibles. Todo aquello ha redundado en la escasez de algunos productos de la canasta familiar. El último gesto fue el embargo de parte del Servicio de Impuestos de unos inmuebles de la cooperativa de teléfonos de Santa Cruz, junto con rumores de una ley de nacionalización de sus empresas.

El MAS puede arreglar este conflicto, pero lo que quiere es ganar; el comité puede resolver el tema de las fechas, pero no quiere perder. En ese juego seguimos entrampados, pero queda en el aire la pregunta: ¿cuál puede ser el costo de poner a unos ciudadanos contra otros? Aún en el caso de que el paro de Santa Cruz resulte derrotado, embargo, ¿podrá el MAS cargar con el peso de una derrota a Santa Cruz en esos términos?, ¿se dará cuenta el presidente Luis Arce de que puede ser el responsable de una fractura nacional? Lo que no podemos dejar de pensar en esta encrucijada en que nos han puesto nuestros líderes políticos es que alguien, algún sector, región o grupo, pueda salir indemne.