Ayer se depositó mucha esperanza en la reapertura de un posible diálogo a partir de la disposición expresada el lunes por el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, pero la respuesta gubernamental reafirmó que los delegados del presidente Luis Arce para manejar la crisis no están a la altura de las circunstancias. Así lo demostraron durante estos 12 días de paro y ayer lo volvieron a ratificar.

Decir que el diálogo debe instalarse en el día y que al mismo tiempo debe levantarse el paro indefinido es no haber comprendido en todos estos días de qué se trata el conflicto, es subestimar la inteligencia ciudadana o simplemente tomar un asunto delicado por la vía de la burla, actitud que no cabe en días de aguda sensibilidad.

El vocero Jorge Richter llamaba a esto no un condicionamiento, sino un detalle de simultaneidad -como si no fuera lo mismo- al tiempo que decía que a medida que se observe ese levantamiento del paro los movimientos sociales que cercan a Santa Cruz ‘irán replegándose’. Es decir, aunque no hacía falta la aclaración, el representante del Gobierno admitía que es el Gobierno el que maneja a esos grupos movilizados que impiden el ingreso de alimentos y combustibles a Santa Cruz en los municipios en que se han apostado junto a grandes promontorios de tierra.

Pero eso no es todo. El mismo vocero señalaba ayer que la fecha del censo la definirá un equipo técnico como se acordó en la reunión del sábado en Cochabamba. Es decir, tanto con la condición de levantar el paro como con la repetición de que la fecha la defina un equipo técnico, el Gobierno está repitiendo la misma posición que sostuvo desde el primer día. ¿Cómo se puede esperar que prospere una mesa de diálogo bajo esos términos?

Pero siempre hay más: el Gobierno difunde en algunos canales de televisión en Santa Cruz mensajes propagandísticos en los que explica textualmente ‘Por qué no es posible hacer el censo en 2023’ y cierra con el lema ‘El Censo 2024 garantiza estándares internacionales de calidad, transparencia y confiabilidad’.

Es decir, si el Ejecutivo ya tomó la decisión de hacer el censo en 2024 y no piensa retroceder en ello como demuestra en la publicidad estatal, ¿qué sentido tiene sentarse a dialogar con el comité cruceño interinstitucional?

Doce días después de iniciado el paro indefinido, nada ha cambiado; todo está como el primer día, con excepción de la manifestación inocultable de desprecio y agresión ilegal contra el pueblo cruceño, víctima de un cerco criminal -porque eso es, no hay otra palabra- que está afectando a la alimentación y salud de los ciudadanos de la urbe cercada, pero también de otras ciudades como La Paz y Cochabamba donde ya comenzaron a faltar insumos y productos alimenticios.

El presidente Arce, que ayer hizo un sorpresivo relevo del Alto Mando Militar en medio de la crisis por el conflicto del Censo, tampoco aporta a la pacificación al afirmar que el país estaría amenazado por ‘aquellos incapaces de convivir en democracia’ y al mirar fantasmas cuando reitera que hay una ‘estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019’.

Donde es muy evidente que falta lucidez y sobra improvisación y torpeza es en los operadores políticos en quienes él ha confiado la administración de la crisis. Vendría bien recordar que este problema lo originó el propio Gobierno cuando decidió suspender el Censo programado para el 16 de noviembre de 2022 y postergarlo nada menos que hasta el 2024