A esta altura de nuestra vida en sociedad, y por responsabilidad compartida, no podemos ignorar los grados de molestias e incomodidad colectiva que atravesamos cada vez con mayor intensidad. Sobrellevamos civilizadamente la vida cotidiana, y, sin embargo, frente a una crisis como la del Censo, afloran pulsiones que suponíamos superadas.

Por el grado de violencia comprobada, necesito admitir que ella no es por el proceso censal absurdamente administrado por el Gobierno. Nadie que no esté relacionado con el Ministerio de Planificación, el INE y la vocería gubernamental tiene responsabilidad en la lista demostrada de dislates cometidos al llevar adelante un proceso que en el mundo tiene más de 2.000 años de experiencia, resueltos sin computadoras ni tabletas conectadas a tiempo real. Por lo tanto, cualquier molestia es el resultado simple de una legítima reacción frente al engaño sistemático y a la mentira institucionalizada y no tenía otro objeto que expresar la reacción ciudadana al tamaño de la burla. En una situación normal, un acto de autoridad presidencial tendría que haber reconocido los errores, corregido las dificultades y propuesto una acción sana y madura para reencausar la función pública que administra como competencia exclusiva. Lastimosamente, nada de eso ocurrió.

A la molestia ciudadana se produjo paradójicamente otra molestia gubernamental desproporcionada que descalificaba la reacción contra sus errores, y que no percibió que lo único que demandaba era restablecer la fe pública y la confianza institucional. Los pasos posteriores ya son conocidos y, hoy sufrimos sus consecuencias.

Para analizar todos los elementos, a diferencia de la crisis de octubre del año 2019 en la que había una denuncia de fraude respaldada por organismos internacionales y que escaló en la renuncia y salida del presidente de entonces, en esta oportunidad lo único que se demanda es volver al camino de una confianza que está siendo manoseada.

El grado de violencia verbal, en estos momentos, se ve acompañado peligrosamente por una parcialización de los instrumentos de violencia legal que administra el Estado, permitiendo complaciente las manifestaciones que expresa el bloque en el poder. Por razones editoriales, este artículo ha sido escrito el domingo 30 de octubre por la noche y, analizando el proceso de confrontación que se está produciendo en Santa Cruz, espero que el escenario en el que sea leído el martes 1 de noviembre sea el de la madurez democrática y la templanza.

Por lo que está ocurriendo, ya no es posible ignorar las incomodidades regionales, raciales, ideológicas, culturales y económicas que están explotando con virulencia en todo el país. Existe sorpresa frente a la escasa voluntad gubernamental para superar la lista de conflictos, agudizados por su propio accionar y que, por el contrario, alientan en sus partidarios el desorden destructivo del estado de derecho y la sensatez.

Como los bolivianos militantes de la tolerancia, la integración, el respeto al diverso y al desarrollo sostenible, solo nos queda demandar una negociación que detenga esta razzia contra un conjunto humano que asume en democracia el derecho de pensar, actuar y producir distinto. Resolvamos el Censo sin violencia, y después discutamos lo demás.