Son preocupantes las noticias sobre el desplazamiento -más propiamente, el acarreo- de militantes masistas a Santa Cruz, que tiene los objetivos de reforzar una “gran marcha” contra el gobernador Luis Fernando Camacho, que pediría su renuncia, pero también el de fortalecer el cerco y la asfixia que actualmente se ejecutan contra la población cruceña, que debe soportar este duro acoso sólo por el hecho de haber solicitado que el censo se lleve a cabo en 2023 y no en 2024.

No es la primera vez que el MAS apela a este “método”: está acostumbrado a aplicarlo y resultó una fórmula exitosa para llegar al poder, sobre todo cuando organizó cercos en La Paz; el último se dio cuando se precisaba oxígeno contra la pandemia, lo cual dejó un saldo fatal. 

El problema es que sitiar ciudades desata mucha violencia. Y lo condenable es que el promotor de ese cerco y de la asfixia sea el Gobierno – específicamente, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño-, es decir, el que debe, como lo exigen la Constitución Política del Estado y las leyes, velar por los derechos humanos de la población en su conjunto.  

El mencionado desplazamiento o caravana de los masistas hasta Santa Cruz ya ha causado choques en la población de San Carlos y posiblemente desate situaciones similares a medida que los militantes del partido oficialista llegan a la capital oriental. Se debe, también, temer lo peor en la “gran marcha” y en el refuerzo a la asfixia a la capital oriental en cuanto a que seguramente se registrarán más enfrentamientos, con dolorosos resultados. 

Es cuestionable que Montaño y el MAS, con sus acciones, revelen que se ha definido una gran acometida contra Santa Cruz, como si se hubiera concluido que, ya sin posibilidades de diálogo, el único camino que queda es aplastar a quienes exigen que el censo se realice en 2023; es decir, una ofensiva integral contra el mayor y único foco de impugnación al proyecto de poder del MAS, con el apoyo de los militantes del partido oficialista, que actúan como milicianos. El masismo se ha propuesto dar un escarmiento aleccionador a quienes se atrevan a cuestionar sus instructivas, aunque no convenzan, como en el caso del censo, cuya postergación para 2024 no tiene una sólida argumentación.   

Cabe advertir que se trata de un escenario de gran riesgo. La historia enseña que es muy fácil ingresar en una espiral de violencia, pero que es muy difícil salir de ella, sobre todo cuando hay posiciones tan polarizadas y con componente regional y étnico. 

Con esta caravana de masistas, ¿se busca un escenario similar al de otros conflictos en que han muerto personas? ¿Es la misma fórmula que ha causado tanto dolor en anteriores episodios? Para no llegar a saldos fatales y luctuosos, es necesario que se deje a un lado la idea de sofocar la falta de consenso por el censo con grandes dosis de violencia ilegal y que, por el contrario, se retome la vía del diálogo, que es lo que exige la democracia.