Asambleístas de Creemos enviaron, este lunes 31, cartas a diferentes organismos de la comunidad internacional, entre ellos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para denunciar crímenes de lesa humanidad en contra de Santa Cruz, perpetrados por el Gobierno de Luis Arce.

“Como bancada de la Alianza Política Creemos y víctimas de la actitud criminal del Gobierno boliviano, denunciamos ante la Comunidad Internacional los crímenes de lesa humanidad que, bajo el mandato del Gobierno de Luis Arce Catacora, los ministros de Estado, autoridades subnacionales y agentes de las Fuerzas del orden y militares, se perpetran en contra de una región que de forma pacífica exige la realización oportuna del censo para el 2023”, expresan.

La denuncia también fue enviada a: Organización de Naciones Unidas (ONU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Organización de los Estados Americanos (OEA), Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), Human Rights Watch y Parlamento Europeo, además de las embajadas de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Francia y Suiza.

“Las criminales acciones generadas por el gobierno del MAS dejan en evidencia su doble discurso, el irrespeto y violación de las instituciones y normas del Derecho Internacional, por lo que exigimos a los diferentes actores de la comunidad internacional, puedan prestar sus buenos oficios para una solución pacífica, real y honesta a este conflicto, que asegure que el presidente pueda conducirse conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, y velar por la vida y seguridad de todos los bolivianos”, manifiestan en la carta.

Los asambleístas sindican al Gobierno boliviano del cerco a Santa Cruz, de amenazar a la ciudadanía con el empleo de la violencia; el traslado “de una cantidad excesiva de agentes policiales a la ciudad y el ataque de campesinos y afines al MAS que se dirigen a Santa Cruz, con el objetivo de generar enfrentamientos y violencia en contra de los cruceños que acatan un paro, situación advertida y consentida por el propio presidente del Estado y de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada”.

Además, la misiva acusa al Gobierno del respaldo policial que favorece a los “grupos de choque del Movimiento al Socialismo, que emplean violencia para desbloquear a manifestante pacíficos”, también de acciones “encaminadas a tomar empresas privadas para continuar desestabilizando la ciudad”, y la amenaza de un estado de excepción.

Los asambleístas denuncian directamente al presidente Arce, la ministra Prada, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el de Obras Públicas, Édgar Montaño, además de “otras autoridades nacionales y subnacionales (porque) han alentado acciones de odio, violencia y enfrentamientos en Santa Cruz, dejando un saldo de una víctima fatal y varios heridos”.

Toman la definición de crímenes de lesa humanidad, del artículo séptimo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Estado Boliviano e 2002: 

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte (…) k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (…)”