La reacción gubernamental a las protestas de Santa Cruz, que demanda la oportuna realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, ha traspasado los límites que determinan la responsabilidad de la acción estatal, en lo que constituye un peligroso camino hacía el caos social promovido desde el estado, la destrucción de las bases más importantes de la economía nacional, y en lo que es aún más profundo, atenta contra el sentimiento de unidad de la nación boliviana.

Queda claro que lo que pretende la acción gubernamental es doblegar a Santa Cruz, someter al departamento que se ha convertido en el factor de equilibrio a nivel nacional y en el representante de una visión de modernidad para la nación boliviana, que atrae hacia el territorio cruceño a cientos de miles de bolivianos que buscan progresar y encuentran en este departamento las oportunidades que anhelan.

Sin embargo, la promoción del enfrentamiento entre ciudadanos que incentivan algunas autoridades gubernamentales marca una contradicción absoluta con el fin del Estado, cual es proteger a los ciudadanos del abuso de poder, preservar el orden y la paz social, procurar la convivencia pacífica entre personas y sectores tienen diferentes de formas de pensar, para lo cual el sistema democrático debe ser el espacio en el que se diriman las diferencias en paz.

Por ello, si desde el propio Estado se promueve la división social y se alienta la violencia, el Estado y sus instituciones pierden sentido y las autoridades responsables atentan contra los fundamentos de la legitimidad estatal, puesto que se convierten en agentes de la confrontación, cuando debieran ser los principales promotores del dialogo y la concertación social.

Lo peor de todo esto es que se derrumban los puentes del diálogo social, sin los cuales las soluciones se alejan y se profundizan las heridas en el alma de la bolivianidad. Se equivocan quienes desde el gobierno central apuestan a una victoria de corto plazo, como sería imponer a como dé lugar el censo en el 2024. En realidad, sería una victoria pírrica porque lo que conseguirían sería agrandar la grieta nacional, ya no entre el oriente, el sur y el occidente, y tampoco entre Santa Cruz y los otros departamentos, sino entre los bolivianos que buscan un país moderno y que ven en Santa Cruz la Bolivia con futuro, mientras en el occidente el estatismo asfixia la iniciativa productiva y empresarial, generando estancamiento y provocando migración.

En lo economía sucede algo similar. Las reacciones del oficialismo, prohibiendo exportaciones, enviando gente a las puertas de las empresas para amedrentar a sus propietarios y trabajadores, y promoviendo el cerco a Santa Cruz, tendrán un efecto mayor y más largo que el paro de actividades. En el corto plazo, con decreto de prohibición de exportaciones o sin dicha norma, debido al cerco es imposible exportar y al mismo tiempo tampoco se puede llevar hacía el occidente los alimentos que Santa Cruz produce, y tampoco aquellos que importa y distribuye, con lo que la espiral de escasez e inflación se sentirá a nivel nacional.

El efecto sobre la economía será general, además de los transportistas, tampoco tendrán qué vender los comercializadores de numerosos productos masivos, con lo que muchos más sectores serán afectados. En el mediano plazo, se profundiza la percepción de un país inviable, en el cual no justifica invertir, con lo que se continuará perdiendo el talento humano, que migra hacía otras naciones en busca de oportunidades, y el capital emprendedor, que llevará sus iniciativas y nuevos proyectos hacía países donde encuentran certidumbre y seguridad.

El gobierno nacional debe decidir si por la búsqueda de una victoria pírrica, pasa a la historia como el responsable de una confrontación entre ciudadanos que provocará mayor división social y regional, o si, por el contrario, busca una solución política y técnica, por la que, retrocediendo en su posición inicial, pacifique el país para encaminarlo hacía un Censo que contribuya a la integración y al desarrollo nacional.