En nuestra historia reciente hay dos presidentes que al momento de acceder al poder tenían todas las condiciones para dirigir una gestión de gobierno de primer nivel.

El primero fue Hugo Banzer Suárez, a quien le correspondía administrar y perfeccionar (porque diferencias ideológicas de fondo no había) los profundos cambios que ejecutó su predecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada. Más pudo, empero, su odio a este personaje, y lo que pudo ser la etapa de consolidación de un Estado moderno, se convirtió en un espacio para darle una estocada fulminante (obviamente, con logros como la conformación, con el voto de dos tercios del Congreso, del Defensor del Pueblo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, aunque quedándose para sí el Consejo de la Magistratura).

Así le fue (y nos fue) y en esa etapa que devino en virtual desgobierno, se presentó la famosa Guerra del Agua, que se convirtió en el arranque del proyecto de poder que finalmente condujo a la derrota del sistema político-partidario que se organizó desde 1982 y la asunción al gobierno de Evo Morales y el MAS en 2006.

Hoy, al recordar a Hugo Banzer Suárez, predomina su etapa de gobierno dictatorial y la democrática va pasando al más penoso olvido.

El otro ciudadano que al comenzar su gestión tuvo todas las posibilidades de reordenar institucionalmente el país y trascender, de esa manera, en la historia, es el actual primer mandatario Luis Arce Catacora... Incluso tenía más ventajas que Banzer, pues, primero, ingresaba en el Rascacielos Presidencial con un expresidente fugado, su mentor, y recuperando buena parte del caudal electoral del MAS; segundo, después de una cuestionada gestión de la expresidenta constitucional Jeanine Añez y, tercero, con un claro mandato ciudadano expresado en el voto: enfrentar la crisis económica, agravada por la pandemia del covid, y pacificar el país, reencausándolo por el camino de la democracia y el desarrollo.

Cerca a dos años del inicio de su gestión, los resultados muestran un estrepitoso fracaso. El país está tan o más polarizado que en 2019; el sometimiento sin ningún disimulo del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional a los dictámenes del Órgano Ejecutivo; el Consejo de la Magistratura se ha convertido en un mercado para la elección de jueces serviles al MAS; aparecen con cada vez más frecuencia grupos paramilitares y parapoliciales al servicio del gobierno para reprimir a la disidencia civil (y, aparentemente, parte de su entrenamiento se realiza en asambleas internas de ese mismo partido para controlar a los contestatarios del momento). Incluso, algunos han sido organizados por una repartición de Estado cuyo titular es sindicado de corrupto por una de las fracciones de MAS.

Súmese a ese listado las concesiones que el gobierno hace a los sectores sociales que lo apoyan y que agreden al medio ambiente, como la autorización para que las cooperativas mineras auríferas extraigan oro de tres áreas protegidas: 12 áreas mineras en el Madidi, 68 en Apolobamba y 13 en Cotapata; o la decisión de permitir el funcionamiento de un mercado ilegal de coca en La Paz y reprimir a quienes dirigen el mercado legal.

En el campo internacional, el sometimiento a las decisiones que se asumen en el seno del ALBA que, a su vez, es el espacio para concretar las políticas ideadas por los intelectuales (algo hay que llamarlos) del Socialismo del Siglo XXI es tal, que no importa si éstas van en contra de nuestros propios intereses (por ejemplo, la posición del país frente a la invasión de Rusia a Ucrania).

En fin, el problema de fondo es que ambos personajes, con sus complejos, amores y desamores, e incapacidad, afectaron y afectan al país y, por tanto, nos afectan a todos, que, una vez más tenemos la mala suerte de que aparecieron ciudadanos que no supieron responder a los desafíos de su tiempo.

Además, al no hacerlo, terminaron perdiendo su tiempo dedicándose a un desesperado afán de auto deslegitimarse cuando buscaban precisamente lo contrario.