La renuncia y posterior huida a México de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera el domingo 10 de noviembre de 2019, activó la sucesión presidencial, aumentó la tensión política en Bolivia y puso a prueba además todo el edificio constitucional. La Constitución establece que “en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidente o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la presidenta o el presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la presidente o el presidente de la Cámara de Diputados…” (art. 169.1).

En el referido caso del MAS se trató de una figura inédita en la historia contemporánea. Con anterioridad, Carlos D. Mesa (saltándose a Hormando Vaca Díez y Mario Cossío) se aseguró y entregó la banda presidencial a Eduardo Rodríguez y Goni Sánchez de Lozada hizo lo propio cuando le dejó el Gobierno (no el poder) a Mesa. En estos casos estaba muy claro que los exgobernantes querían asegurarse de haber entregado el mando y evitar vacíos de poder.

Sin embargo, Morales y García Linera no solo renunciaron y escaparon dejando al país al borde de la guerra civil, sino que impidieron la sucesión constitucional porque el primero ordenó (y se cumplió al pide de la letra) la renuncia de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de Diputado, Víctor Borda. Esto generó un profundo vacío de poder al extremo que entre las 16:50 de ese domingo en que renuncia Morales y sus inmediatos colaboradores hasta las 18:51 del día martes 12 de noviembre en que asume Jeanine Áñez Chávez e ingresa al Palacio de Gobierno, nadie gobernó Bolivia.

En los sistemas presidenciales, como el boliviano, el ejercicio de la Presidencia es un derecho (no una obligación), de modo que en cualquier momento en que concurran determinadas circunstancias políticas (como bloqueo del Parlamento, resistencia democrática, rebelión del pueblo, entre otras causas), el presidente puede renunciar y lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa es tomar conocimiento y aceptar la renuncia. No conocemos de algún antecedente en que el Parlamento haya rechazado una renuncia y obligado al renunciante a seguir ejerciendo la Presidencia.

Que Evo Morales haya ordenado renunciar a Salvatierra, sucesora constitucional en la cadena de mando, e impedido el traspaso formal del Gobierno configura el delito de abuso de autoridad que se encuentra tipificado en el Código Penal. El artículo 153 establece que “la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la CPE o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años”. También anuló las fraudulentas elecciones del 20 de octubre de 2019 y ordenó nueva contienda electoral, usurpando funciones del Órgano Electoral, decisiones que configuran hechos delictivos, entre tantos otros, que aún siguen en la impunidad total.

Y como Morales se encargó de generar las condiciones para el terrorífico vacío de poder (pudo haber hecho una transición menos violencia porque tenía mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa), resulta responsable igualmente de todos los hechos de violencia que incluyen pérdidas de vidas humanas, saqueos, ataques a civiles y a la propiedad privada y pública por parte de sus seguidores. El Código Penal establece que “son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso”. Y es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito.

Evo Morales tenía el control del Estado, y siguió cogobernando (salvo el Ejecutivo y Tribunal Supremo Electoral, las autoridades eran las mismas), incluso después de renunciar y escapar y, por tanto, es responsable de los hechos violentos que incitó primero y ordenó después desde el exterior.