“Esta Resolución del TSE puede significar un gran avance en la propuesta de Reforma de la Justicia vía referendo, y tenemos que convertirla en una decisión que abra sin cortapisas el poder constituyente ciudadano, para primero recabar en los libros la adhesión de 1,5 millones de firmas en todo el país, y luego, cumplido el trámite ante el Tribunal Constitucional, convocar a las urnas a todas y todos los bolivianos, como momento inicial de transformación de la administración de justicia…”.
Es lo que se lee en la “Declaración Pública” de los Juristas Independientes, este 28 de octubre, luego de conocerse la Resolución 0377/2022 del TSE por la que se autoriza la recolección de firmas de adhesión a la propuesta de reforma, vía referendo ciudadano.
Tuvieron que pasar tres meses para que se apruebe la recolección de firmas, luego de que el 28 de julio se presentara ante el TSE la propuesta integral de reforma. Pese a la demora se trata de una decisión ponderable de la cúpula del Órgano Electoral que, efectivamente, puede abrir por primera vez en la historia el camino de un referendo para iniciar el cambio estructural de la justicia.
Ese cambio no puede esperar más. La crisis judicial centenaria, agravada por el autoritarismo de la última década, ha devenido en tragedia y podredumbre judicial. La independencia de los jueces ha sido demolida por el sometimiento político; el servicio judicial ha sido degradado por la corrupción, la retardación, el hacinamiento carcelario y la impunidad de los delincuentes, al tiempo de que los valores de equidad y servicio público han sido trastrocados por la venta de los cargos y los fallos, la persecución de la disidencia y la eliminación de los frenos constitucionales al poder autoritario.
De ahí la pertinencia y profundidad de la propuesta que plantea tres cambios esenciales en la Constitución: 1) Independencia e idoneidad de los jueces, empezando por los supremos, eliminando la selección partidocrática de los postulantes con una Comisión Ciudadana que calificará sólo méritos e idoneidades para la designación parlamentaria y el voto popular ratificatorio; 2) Presupuesto digno del 3% para el servicio judicial, inscrito en la Constitución y administrado por un renovado Consejo de la Magistratura y 3) Universalizar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos, revalorizando la justicia originaria e instituyendo la justicia de paz.
Ese planteamiento dorsal está resumido en cuatro preguntas que el electorado deberá absolver el momento del referendo y las urnas, pero ese momento todavía hay que trabajarlo arduamente. Veamos:
Primero. La Resolución autorizando las firmas y dando un plazo de 90 días para su recolección tiene algunos equívocos; el principal es que el TSE no entregará libros sino sólo un “formato” con el que los promotores tienen que imprimirlos, notariarlos y distribuirlos, tareas onerosas que llevarán varias semanas, pero, por error de la Resolución del TSE, ese tiempo administrativo se computa como parte de los 90 días, reduciendo peligrosamente el plazo efectivo de recolección de 1,5 millones de firmas.
Segundo. Esos 90 días son un tiempo brevísimo para lograr 1,5 millones de firmas de adhesión, en todo el territorio nacional y donde cada departamento debe aportar el 15% de su padrón electoral, para sumar el 20% del padrón nacional. Ya se han constituido nueve comités departamentales para la reforma, pero está claro que se requerirá la movilización de cientos de voluntarios que se sumen a la recolección de firmas, difusión y organización, construyendo una verdadera y gran cruzada nacional por la justicia.
Tercero. Recabadas y verificadas las firmas todavía el trámite va al Tribunal Constitucional para que se verifique que la reforma no afecta la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución. No sólo que en el TCP podrían haber nuevas demoras sino una abierta intromisión gubernamental, en un tribunal que no ha dado señales ni de eficiencia ni independencia, pero 1,5 millones de firmas y la movilización previa podrían disipar esos temores.
Cuarto. Finalmente, está el referendo y el voto que tiene que concretarse mayoritariamente antes de diciembre de 2023, para que las nuevas elecciones judiciales se efectúen con las nuevas reglas que el poder constituyente haya aprobado, a las que obligatoriamente tendrá que someterse el poder constituido.
Los Juristas Independientes ya han presentado un recurso de complementación y enmienda para que los 90 días empiecen a correr desde que los libros estén impresos y en las calles, pero los otros desafíos arduos tenemos que superarlos con nuestro compromiso, construyendo esa gran movilización por la justicia.
