Diez días de paro indefinido y nada se ha resuelto en un conflicto por un tema absurdo que para el Gobierno sería muy simple de resolver: con una simple firma el presidente Luis Arce podría demostrar que gobierna escuchando al pueblo, en este caso a la región más poblada y económicamente más determinante de Bolivia como es Santa Cruz.

Pero nada ha cambiado, y el Ejecutivo prefiere encerrarse en su estrategia de intenciones desconocidas al negarse a realizar el Censo de Población y Vivienda el año 2023. Santa Cruz no se está oponiendo a un censo ni pide postergarlo, sino todo lo contrario: quiere un censo oportuno porque la estadística de la población y las condiciones en que vive es fundamental para formular mejores políticas.
¡Cómo puede un Gobierno oponerse a hacer este levantamiento de información lo más pronto posible, considerando que la última vez que lo hizo fue hace diez años! Este mismo Gobierno se había comprometido a hacer el Censo el 16 de noviembre de 2022, por decreto firmado por Arce el 21 de julio de 2021.
Hace apenas cuatro meses el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, el que ahora dice que no se puede, aseguró que el cronograma se estaba cumpliendo correctamente para que el Censo se realice en noviembre de este mismo año.

Si cinco meses antes de la fecha del Censo el ministro Cusicanqui decía que la gran encuesta estaba garantizada, y suponiendo que ese mismo día se detuvieron todas las acciones para el levantamiento de datos, entonces quiere decir que a Bolivia debiera tomarle apenas cinco meses retomar los trabajos y hacer el Censo.  ¿Cómo se explica que ahora digan que se necesita no cinco meses, sino un año y medio para esa tarea?
El Gobierno debiera ser sincero con el país y decirle a la población cuál es la verdadera razón por la que se empeña en postergar ese compromiso. Razones técnicas no lo son, ciertamente. Eso ha quedado suficientemente demostrado no solo por la comisión de la Universidad Gabriel René Moreno, sino por la misma inconsistencia gubernamental que hasta hace apenas cuatro meses garantizaba que el Censo se haría en noviembre de este año.

Para los miles de cruceños que están acatando el paro indefinido y lo cuidan pacíficamente con su presencia en calles y rotondas representa un caro sacrificio que tristemente no está mereciendo la atención de las autoridades nacionales.
En el décimo día de la medida, el Gobierno está transformando su incompetencia para dar una solución a Santa Cruz en una apuesta por los cercos y una inminente escalada de violencia de consecuencias imprevisibles. En las últimas horas llegaron a Santa Cruz al menos diez buses llenos de efectivos policiales para proteger a los grupos de choque afines al partido gobernante, como lo han venido haciendo en los últimos conflictos sociales, o para actuar directamente reprimiendo a la población que exige Censo el 2023.

También hay una marcha de pobladores de Yapacaní a Santa Cruz, todos afines al MAS, para oponerse al paro indefinido. No es muy difícil saber en qué desembocará esa movilización financiada o por el partido o por el Gobierno mismo: en violencia y enfrentamientos de bolivianos contra bolivianos. Si el mismo que los envía no los detiene a tiempo, las consecuencias serán muy lamentables y podrían comprometer ya no el año del Censo, sino la vida y los derechos humanos de millones de bolivianos.