Brújula Digital |30|10|22|

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, dio su posición sobre el Censo de Población y Vivienda que ha derivado en un paro cívico en el departamento de Santa Cruz. Aseguró que el Gobierno no tiene la intención de cumplir con esta obligación el 2023, porque quiere ir con el mismo padrón electoral a las elecciones de 2025, con el cual hubo fraude el 2019.

“Estuve con el Órgano Electoral, lo reconocemos, pero a la hora de la práctica estas elecciones fueron fraudulentas por eso no quieren que hagamos censo para ir a las elecciones con el mismo censo de antes, irregular”, afirmó Carvajal.

Tras el informe de la auditoría realizada a las elecciones de 2019 por la Organización de Estados Americanos se tuvo la certeza de la modificación de los datos reales de la votación, irregularidades en todo el proceso electoral, así como manipulación de computadoras externas al Órgano Electoral Plurinacional, lo que generó la protesta nacional de la ciudadanía y una crisis política y social que derivó en la denuncia del entonces presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes buscaban un cuarto mandato, bajo el argumento de que es "un derecho humano".

La cofundadora de la APDHB, quien sufre la arremetida por parte de la Asamblea paralela afín al Gobierno a cargo de Edgar Salazar, lamentó el tremendo deterioro de la democracia en el país, reflejado en la desinstitucionalización no solo de las entidades del Estado, sino también de las propias estructuras de la sociedad civil.

“Luis Arce tiene el 55% de votos, pero tiene la responsabilidad con todo el pueblo (…). El poder que tenemos en el Gobierno no es democrático; es el mayor poder dictatorial que yo he sufrido en el país desde el año 70´”, afirmó Carvajal durante la construcción participativa pública de protección para defensores y defensora de Derechos Humanos realizado bajo iniciativa de la Red Unitas.

La presidenta de la APDHB ratificó su denuncia en contra del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Gustavo Torrico, también conocido por comandar grupos de choque del MAS en contra de marchas pacíficas de la sociedad civil, por articular con Salazar para la toma del principal edificio de la APDHB ubicado en la avenida 6 de agosto de la ciudad de La Paz.

Torrico ofreció “sanear” junto con el Ministerio de Justicia, el edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia legal, bajo la presidencia legal de Amparo Carvajal a favor de la paralela afín al MAS a cargo de Edgar Salazar.

La respuesta de Torrico que llegó “por equivocación” a las oficinas de la APDHB legal, se dio en atención a la nota de Salazar, afín al Gobierno, quien solicitó “la recuperación de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ubicadas en la Av. 6 de agosto”.

Carvajal hizo llegar su denuncia de manera escrita al nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, sobre quien cae un velo de dudas, tras haber sido elegido por la Asamblea Legislativa, sin participación de la oposición.

“Teníamos más claro lo que era luchar contra la dictadura, ahora estamos en una dictadura democrática con todos los poderes a su servicio”, aseguro la defensora de DDHH.

Acotó que si desde la sociedad no se asume la responsabilidad que tocó asumir en defensa de la democracia. “Lo que nos viene es una de las peores dictaduras y sé lo que digo, estuve con gente de El Salvador, Nicaragua, Venezuela, en todo el continente está pasando situación similar”.

BD  JMC