Hace algunas dias me llamó un amigo extranjero preocupado porque Bolivia aparecía nuevamente en las noticias internacionales. Los conflictos sociales y políticos habían vuelto. Intrigado me preguntó: ¿Cómo un país puede enfrentarse por un Censo de Población y Vivienda que debía realizarse en el 2022? ¿Por qué una actividad meramente administrativa - que la realizan todos los países cada 10 años, y que consiste simplemente en contar a los habitantes, ver sus condiciones de vivienda – da origen a una crisis política?

Sin ocultar mi vergüenza me dispuse a contarle las particularidades del Censo boliviano y cómo este se había convertido en la manzana de la discordia que profundizó la polarización política entre el Gobierno nacional y el Comité Interinstucional de Santa Cruz que aglutina a una buena parte de la ciudadanía de esa región. Santa Cruz exige que el Censo se haga el 2023 porque es el departamento que más imigración interna recibio en la última década. Por ello, exige mayores recursos económicos y representatividad política. El Gobierno central propone el Censo para 2024.

La lectura del Gobierno es que el Censo es un tema estrictamente técnico. Por razones que no explican, el proceso se atrasó y que ahora hay nuevos plazos. Se deben completar tareas retrasadas, actualizar cartografías y otros pasos que solo son posibles completarlos en el año 2024.

Desde esta posición, le piden al comité interinstitucional de Santa Cruz que muestren alternativas técnicas con plazos más cortos. Según el Gobierno, desde el oriente boliviano no se presentaron opciones diferentes y viables para que el Censo se puede hacer antes del 2024.

En estas circunstancias, el Gobierno nacional denuncia que se usa el Censo para fortalecer la lucha política de la derecha y cuyo único objetivo sería desgastar al Gobierno. En el peor de los casos es el pretexto para otro golpe de Estado, dice el oficialismo. Siendo este el caso, grupos más radicales dentro del Gobierno, sostienen que esta es la oportunidad para una victoria política y militar sobre el enemigo de clase.

Un segundo abordaje, sustentado desde Santa Cruz, sospecha que la postergación del Censo no tiene nada que ver con temas técnicos y sí, con temas políticos y económicos. Primero es que los resultados poblacionales del Censo, cotejado con el padrón electoral de las últimas elecciones, podrían revelar que hubo fraudes. En concreto, que la victoria del 55% del Gobierno, en las elecciones del 2020, no es consistente con los datos poblacionales. Esto le haría perder legitimidad a la administración Arce.

Una tercera lectura del Censo también es de orden político. Con los nuevos datos, en Santa Cruz y otras regiones, se revelará que tienen más gente y que por lo tanto, les corresponde mayor asignación de diputados en la Asamblea Plurinacional. Esta nueva configuración del poder debería implementarse ya en las elecciones del 2025, por eso la premura de hacer el Censo. Ahora bien, cabe también señalar que el Censo revelará qué departamentos, como Oruro, Chuquisaca y Potosí, son expulsores de población, que por lo tanto, se verán perjudicados y ciertamente reclamarán. Esta disputa política habría que posponerla lo más posible al futuro. El gobierno de Arce no quiere abrir la caja de Pandora con el Censo.

Otra lectura es que con la información del Censo también se dará una nueva distribución de recursos económicos. En este caso, Santa Cruz podría recibir más dinero y otras regiones menos recursos. En este nuevo contexto, habrá grandes disputas, que el Gobierno prefiere postergarlas.

Frente al fracaso de la negociación bilateral entre el Gobierno nacional y el comité interinstitucional de Santa Cruz sobre la fecha del Censo, el oficialismo adoptó una nueva estrategia: ampliar el debate e incluir más sectores en el proceso decisorio. Ahora serán por lo menos tres centenas de gobernadores, alcaldes, rectores y otros representantes de movimientos sociales, que deben ponerse de acuerdo sobre el tema del Censo.

En este nuevo escenario, claramente la hipótesis de una salida técnica se diluye y prevalece la aproximación política. Al final del día se tendrá que decidir si el Censo es en 2023 o en 2024 y desde cuándo, los nuevos datos poblacionales, entrarán en vigencia. Es prácticamente imposible que se pongan de acuerdo sobre temas técnicos como cartografía, boleta, cronogramas y otros, entre una multitud.

Es posible que con esta estrategia, el Gobierno quiera quitar el protagonismo a Santa Cruz y desgastar al comité y finalmente, aislar y derrotar a la región. También es probable que en un escenario de mayoría de actores y organizaciones afines al Gobierno, al final se decida porque el Censo se haga en diciembre de 2023, pero no porque Santa Cruz lo pidió, sino porque los aliados lo requirieron. De esta forma, se le quita la bandera del protagonismo a Santa Cruz y y la victoria política será presentada, por la propaganda, como un logro de concertación de toda Bolivia y de un Presidente que escucha al pueblo.

Ahora bien, es probable que en esta reunión se ratifique el 2024 como el año del Censo y que se utilice el encuentro para acumular energía social y política para buscar derrotar a los que ellos consideran la derecha de Santa Cruz. En este contexto, la polarización y el enfrentamiento podrían seguir en una escalada sumamente peligrosa. Este artículo se escribió el viernes 28 de octubre.

Gonzalo Chávez Àlvarez es economista