Cuando toda la región de Santa Cruz, y seguramente el país, había apostado todas sus fichas en la casilla de la publicitada ‘reunión plurinacional’ de Cochabamba para resolver el conflicto del año del Censo de Población y Vivienda, el Gobierno fue una vez más capaz de sorprendernos al repetirse en su estrategia y volver a dejar en suspenso y sin solución un tema que provocó un paro indefinido que hoy ingresa a su noveno día.

Pese a la mucha fanfarria del evento, nada nuevo salió de allí, más que cinco conclusiones que según se vea darían para golpearse la cabeza contra un muro o llorar. O reír. Incluso hablar de un parto de los montes sería demasiado generoso para describir el ‘resultado’.

300 autoridades estuvieron reunidas todo un día para concluir que el censo es técnico (como si de otra cosa se tratara un asunto estadístico), que será inclusivo, participativo y llegará hasta la última comunidad (así fueron y así serán los censos por los siglos de los siglos), que la fecha debe ser determinada técnicamente por técnicos, que Luis Arce instruyó incorporar nuevos indicadores para la distribución de recursos y que no se va a permitir ningún intento de desestabilización de autoridades (como si eso tuviera algo que ver con el censo).

¿Es en serio que llegaron a esas ‘sesudas’ conclusiones que se caen por obvias, cuando el tema a tratarse era la definición política de escuchar y discutir la demanda de una región movilizada que exige el censo el año 2023? Y todo eso ¿en qué contribuyó a resolver la aguda crisis política que se vive en Santa Cruz y otras regiones del país?

Por la manera como se llevó adelante el encuentro y las conclusiones a las que se arribó, da la sensación de que en realidad el Gobierno estaba urgido de recibir el apoyo de las autoridades de su partido, que son la mayoría de los municipios rurales, para cercar, esta vez políticamente, a Santa Cruz y forzarle a aceptar su plan para hacer el censo el 2024.

Eso es tan evidente que al día siguiente el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, salió a decir que más del 90 por ciento de los asistentes le dieron al Gobierno su apoyo para que el censo se realice el 2024. De eso se trataba la reunión. A confesión de partes, relevo de pruebas, dice el adagio popular.

Lo mismo expresó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, cuando dijo que ‘todos’ coincidieron en Cochabamba en que el censo sea técnico, que es la verdad de Perogrullo que las autoridades repiten todos los días para justificar su porfiado 2024.

Todo está abierto, mientras al final se decida que el censo se realice el año 2024. Ese parece ser el juego de eufemismos que maneja el Gobierno para salir del apuro cuando se le exige explicar su posición intransigente.

En esa línea, y fiel a su estilo provocador, el ministro Montaño amenazó que la violencia se desbordará el lunes si Santa Cruz no levanta el paro indefinido que viene sosteniendo. Camacho deberá enfrentar las consecuencias, dice Montaño y anuncia que el lunes saldrán los transportistas y otros grupos a tomar instituciones públicas. Si lo dice el comandante de los grupos de choque, seguramente así será.

Si la autoridad que está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley profiere esas amenazas y anuncia la próxima toma de instituciones y la violencia en las calles, es que entonces todo está de cabezas en el país. Escuchando a Montaño, se entiende cómo es que en tres meses y nueve días de paro indefinido el Gobierno de Luis Arce no puede resolver un conflicto. Sin voluntad política y con bastante de ineptitud, es difícil encontrar una solución.