Expertos en temas mineros coinciden que existen “compromisos políticos” entre el Gobierno y las cooperativas mineras, que impiden tratar temas estructurales para reducir el uso indiscriminado del mercurio en la explotación o recuperación de minerales, centralmente del oro.

Bolivia se convirtió en uno de los principales importadores de mercurio en el mundo. Pasó a importar de 10 toneladas por año en 2015 a más de 190 toneladas en 2021, señaló Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información-Bolivia (CEDIB).

Rusia y México son los principales proveedores de mercurio al país. Cuando llega este metal a nuestro territorio se desconoce dónde va llegar a parar. El ministerio de Minería y el Medio Ambientes, básicamente, son las carteras de Estado responsables de realizar el control del uso del mercurio, sin embargo, estos se deslindan de sus responsabilidades, lamentó el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. 

“No hay estudios, no hay estadísticas (del Estado) que te permitan establecer un seguimiento a todo este volumen que llega de mercurio a Bolivia y dónde va a parar, dónde está como destino final”, señaló.

Este medio intentó conocer la versión de los ministerios de Minería y de Medio Ambiente, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Para Zaconeta y Campanini, el Gobierno es el principal responsable de implementar políticas integrales para la reducción del uso del mercurio en el país, pero hasta ahora ven todo lo contrario, ya que Bolivia es de los mayores importadores de este metal. 

El presidente de Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fecmabol), René Butrón, señaló que su sector está dispuesto a remplazar el uso del mercurio en la explotación minera con otra sustancia más amigable con el medio ambiente. Admite el daño que provoca este metal, sin embargo, indicó que esperan políticas claras y su socialización por parte del Gobierno.

Ante ese hecho, el relator especial de la ONU para sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, manifestó en semanas pasadas la grave preocupación que existe respecto al aumento del uso y comercio del mercurio en Bolivia, pero además porque el país se ha convertido en el centro del tráfico ilegal de este elemento en la región.

Esta preocupación de organismos internacionales muestra un claro desinterés del Estado que permite el uso de “técnicas baratas” con toneladas de mercurio para recuperar el oro que, además, sale del país por contrabando dejando daños considerables en el medio ambiente y en la humanidad, indicó el ingeniero Carlos Sandy, experto en el campo minero.

Se presume incluso que, por la falta de control, el mercurio importado por Bolivia, también es utilizado para la explotación del oro que sale como contrabando.

Zaconeta observó diferencias entre la cantidad de mercurio que importaría Bolivia y la cantidad de oro que se reporta en la explotación. Esto hace presumir que habría producción aurífera que estaría saliendo de sus fronteras, particularmente hacia Perú y a Brasil en una labor de micro-contrabando.

Para los expertos estos datos no son nada alentadores para el país. Coinciden que la explotación minera provoca daños ambientales irreparables al contaminar ríos, destruir bosques, ingresar a áreas protegidas, bajando la calidad de vida de los comunarios.

Según estudios revelados recientemente existen personas que tienen en su organismo mercurio por encima de los estándares internacionales establecidos.

Además, la explotación aurífera es cuestionada por las bajas regalías que deja a las regiones, respecto al tamaño del negocio que mueve. Por ejemplo, en 2021 el valor de la exportación del oro alcanzó a 2 mil millones de dólares, pero por concepto de regalías sólo se pagó 59 millones de dólares, que sería un 2.2%.

Recientemente los mineros auríferos aceptaron pagar una alícuota de 4,8% por el valor bruto de la venta de oro, sin embargo, opositores también se pronunciaron en contra de esa cifra al considerarla irrisoria. 

Entonces, para los especialistas el Gobierno mantiene estas desventajas contra el Estado porque existen “compromisos políticos” que no le permiten tocar los temas estructurales.

“Tienen sus cuotas inclusive en el mismo parlamento, tienen algunos curules, son las que financian algunas campañas y finalmente son los que sustentan socialmente al Gobierno en los conflictos que enfrentan”, señaló Carlos Sandy, que también fue senador del MAS.  

“Son socios políticos del gobierno y esto les ha permitido llegar a favoritismos, lograr que la actual normativa minera sea simétrica a favor de ellos, donde sean beneficiados con menos pago de regalías, con menos requisitos en el factor ambiental, con la facilidad de obtener concesiones y otros en la Ajam y a la vez eludir algunos controles”, cuestionó Zaconeta.

“Por presión del sector cooperativistas, existe hasta documentos en los que el propio Estado manifiesta que es esa la razón principal. Entonces, al final el Estado tiene que responder más allá de solamente un sector, tiene que corresponder al derecho a la salud, al derecho a la vida que tenemos todos los bolivianos”, agregó Campanini.

Por tanto, consideran que para atender este problema que causa daños evidentes el primer paso es dejar de lado los “compromisos políticos”. 

Para Zaconeta, el Estado tiene todas las condiciones para reducir el uso del mercurio y en la Asamblea se debe tener una voluntad política para emprender un plan integral nacional.

Mencionó que en otros países como Chile y Colombia la glicina resultó efectiva no solo para explotación del oro, sino también para otros minerales. También, indicó que en algunos lugares las algas, hojas que crecen en esas zonas, son utilizadas para recuperar el oro, por lo que planteó “una alianza entre Estado, universidades y los mismos operadores” para que se llegue a encontrar opciones menos agresivas contra las comunidades, pero también que no afecten el trabajo de las cooperativas.

Campanini señaló que existen las condiciones económicas para dejar de utilizar mercurio en la explotación minera, ya que, organismos internacionales financian para la misma, pero falta voluntad por parte del Gobierno.