El conflicto por la fecha del censo de población y vivienda ha cumplido una semana y lo que queda claro hasta ahora es que nadie quiere ceder un milímetro. Pareciera que la apuesta es por el desastre.

El Gobierno ha organizado una gran cumbre de gobernadores, alcaldes y rectores de universidades para tratar de legitimar su propuesta de siempre: que el censo de población y vivienda se realice en 2024 o que Santa Cruz convenza a una comisión técnica de que es posible llamar a la consulta el 2023. Hay que recordar que el Gobierno decía tener todo listo para hacer el censo en noviembre de 2022, por lo que es incomprensible que ahora esgrima argumentos técnicos para no aceptar que la consulta se realice un año después.

Más que argumentos técnicos están en juego cálculos políticos de un Gobierno que se niega a aceptar la demanda de Santa Cruz con la idea de que eso podría sentar un precedente de debilidad para futuros conflictos y porque tiene la peregrina idea de que los dirigentes cruceños pretenden hacer un golpe de Estado en contra del presidente Luis Arce.

En todo caso, es muy fácil probar que no hay aprestos golpistas disponiendo que el censo se realice en 2023. Si la protesta se suspende, implicaría que el Gobierno estaba viendo fantasmas en vísperas de la noche de Halloween. Y, si continúa, entonces la razón estará de su lado.

Está claro que en la cumbre el Gobierno no buscaba un acuerdo, porque ésta ni siquiera había terminado y ya se habían desatado nuevamente enfrentamientos en el Plan 3.000 de Santa Cruz, como una demostración de fuerza de los grupos del MAS que, además, dicen estar vigilando las empresas privadas para tomarlas por la fuerza con la finalidad de presionar a los empresarios a que suspendan la protesta.

No sólo eso, sino que el Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales del MAS, ha tomado la decisión de realizar una serie de marchas en todo el país para defender al gobierno de Luis Arce. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, ha señalado que la estrategia incluye a los militares y policías para evitar que se produzca un quiebre, como el del 2019. En vez de buscar una salida negociada al conflicto, los masistas se pintan la cara para la guerra.

El Gobierno está tratando de doblegar a los cruceños a plan de contrabloqueos, contramarchas, amenazas a sus empresas, suspensión de sus exportaciones, recorte de combustible, pero ese tipo de medidas, lejos de resolver el problema, sublevan aún más a quienes las sufren. El Gobierno va a tener que ensayar otro tipo de estrategia si quiere acabar con el conflicto. La más aconsejable es negociar, pero también ceder. No sirve de nada desperdiciar recursos y horas de discursos solo para la foto.