Tras cuatro años de espera, ayer el exasambleísta suplente Arturo Vegamonte, del MAS, fue sentenciado a tres años de cárcel por acoso y violencia política en contra de la exlegisladora María Patzi.

El Juzgado de Sentencia en lo Penal No. 2 de Quillacollo emitió el fallo, luego de seis horas instalada la audiencia de juicio oral. Esta es la segunda sentencia por acoso político hacia mujeres autoridades electas que se dicta en el país. La primera se determinó en febrero de 2021 en contra del exdiputado Rafael Quispe a denuncia de la dirigente de las Bartolinas Felipa Huanca.

Tras conocer la sentencia, Patzi declaró que inició el proceso en 2018 para sentar un precedente al interior de las organizaciones políticas que terminaron confundiendo la alternancia política con la gestión compartida.

“Esta lucha es para todas las mujeres de Bolivia, para que no sufran más, pedirles a las mujeres que han sido electas como autoridades que cumplan con sus cinco años de mandato como dice la Constitución Política del Estado y otras leyes. No aguanten, no tapen si su dignidad está siendo pisoteada”, dijo.

El abogado de la exasambleísta, Pedro Espinoza, ponderó el veredicto de la jueza y mencionó que en la audiencia se demostró que durante la tramitación del juicio oral, Patzi fue hostigada, presionada y acosada por Vegamonte para que deje de ejercer su cargo, pese a que fue electa constitucionalmente como legisladora por territorio.

Comentó que el procesado puede apelar la sentencia o interponer recursos extraordinarios para prolongar que se ejecute. Aspecto que continúa siendo una debilidad en estos casos por violencia política, porque dificulta materializar la defensa de las mujeres líderes cuyos derechos son vulnerados.

Hay 36 denuncias en Cochabamba

Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Cochabamba desde 2019 hasta septiembre de este año se presentaron 36 denuncias de acoso y violencia política.

En 2019 se reportaron 10 denuncias, en 2020 12, en 2021 al menos 11 y este año tres.

Los datos fueron difundidos por la Coordinadora de la Mujer, una institución que apoya a las víctimas y el cumplimiento de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres.

Otro dato que llama la atención es que el TSE, de 2016 a junio de 2022, registró 185 denuncias de acoso, pero la Asociación de Concejalas y Alcaldesas (Acobol), en tres años, reportó 404.