Tres asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron el 21 de octubre ante Tribunal Supremo Electoral (TSE), una denuncia por faltas muy graves y atentatorias contra preceptos constitucionales y disposiciones de la Ley del Órgano Electoral 018, en contra de la vocal nacional, Dina Chuquimia y siete vocales electorales departamentales. En todos los casos por fungir por segunda vez en el cargo, presuntamente de manera inconstitucional y al margen de la ley.

La diputada Toribia Lero junto a sus colegas Juan Gonzalo Rodríguez y George Komadina, presentaron la denuncia ante la sala plena del TSE, en contra de Chuquimia Alvarado, Carlos Ortiz Quezada (Beni), María Betsabé Merma Mamani (Cochabamba), Gustavo Antonio Ávila Mercado (Tarija), Gunnar Jorge Vargas Orgaz (Chuquisaca), Rudy Nelson Huayllas Huarachi (Oruro), Rodolfo José Vera Moreira (Potosí), Antonio Zacarías Condori (La Paz).

La denuncia a la que accedió Brújula Digital, consta de 18 fojas, y en su parte considerativa señala que, durante la vigencia de la actual Constitución Política del Estado y la Ley 018, Dina Chuquimia fue designada como vocal titular del TSE el 17 de enero de 2011.

“Cesó en sus funciones el 27 de mayo de 2015, como efecto de su renuncia personal en un acto voluntario, precedida de denuncias por comprometer su imparcialidad a favor del candidato a alcalde del municipio de La Paz, Guillermo Mendoza, debido a que retuiteó un mensaje de dicho candidato del Movimiento al Socialismo (MAS)”, señala el documento.

Sin embargo, señalan los denunciantes, que mediante decreto 4498 del 29 de abril de 2021, promulgado por el presidente Luis Arce, a pesar que Chuquimia Alvarado ya había ejercido la función de Vocal del TSE entre el 2011 y 2015, nuevamente resultó designada, ésta vez por el presidente Luis Arce; es decir, por segunda vez.

“De manera que su conducta se subsume como contraria a disposiciones contenidas en la CPE y la Ley 018, que restringen ejercer más de una vez el mismo cargo de Vocal del TSE”, señala la denuncia.

Según el documento, dicha Vocal transgredió el artículo 206 de la CPE, en parágrafo II que señala textual: “El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino”.

El artículo 108 numeral I, además del artículo 135 numeral I que señala la obligación de cumplir las leyes y la Constitución.

La denuncia también cita el artículo 12 de la Ley 018 que establece: “El TSE está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos serán de origen indígena originario campesino. Del total de miembros del TSE,  al menos tres serán mujeres, y que las vocales y los vocales desempeñarán sus funciones por un período de seis años, computable a partir del día de su posesión, sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo”.

Por tanto, un decreto no podría estar por encima de una ley, y menos aún de la Constitución Política del Estado.

Vocales departamentales bajo la misma figura

En el caso del vocal Carlos Ortiz Quezada, se señala que ya fue designado vocal del TED Beni el 9 de junio de 2011, conforme a su declaración jurada, y cesó en sus funciones el 2017. Sin embargo fue designado por segunda vez por decreto presidencial 4529 el 29 de junio de 2021.

“El mencionado ciudadano conocía que no podía ser electo o designado en el mismo cargo por prohibición legal, al presentar su hoja de vida y aceptar la designación, jurar y ejercer como Vocal Departamental”, señala la denuncia.

En cuanto a la vocal María Betsabé Merma Mamani, del TED Cochabamba, la denuncia señala que asumió su cargo el 3 de diciembre el 2010 y cesó en sus funciones en la gestión 2016. Sin embargo la misma ciudadana nuevamente resultó designada en el mismo cargo mediante decreto presidencial 4530 del 29 de junio de 2021. 

La denuncia contra el vocal departamental de Tarija, Gustavo Ávila Mercado, se establece que fue designado en la gestión 2017 y cesó sus funciones el 24 de noviembre de 2019, por efecto de la Ley 1266 Excepcional y Transitoria para la realización de Elecciones Generales, sin embargo, en una situación similar a de sus colegas denunciados, fue designado por segunda vez, por decreto presidencial 4532 del 29 de junio de 2021.

Adicionalmente, la denuncia hace notar que de los cinco vocales que conforman la sala plena del TED Tarija, cuatro son varones y solo hay una mujer, por lo que hay un agravante en su designación que merma la equidad que debe primar en esta instancia del Estado.

En cuanto a Gunnar Vargas Orgaz fue designado como vocal, quien fue designado vocal del TED de Chuquisaca en la gestión 2016 y cesó sus funciones el 24 de noviembre de 2019 por efecto de la Ley 1266. Sin embargo fue designado por segunda vez, también por decreto presidencial 4533 del 29 de junio de 2021.

Respecto a Rudy Huayllas Huarachi, vocal del TED Oruro, fue designado en la gestión 2017, tal como muestra su declaración jurada del 16 de mayo de ese año y cesó sus funciones el 24 de noviembre de 2019. “Nuevamente este ciudadano es designado en el mismo cargo mediante decreto presidencial 4535 del 29 de junio de 2021”.

Caso similar es de Rodolfo Vera Moreira, vocal del TED Potosí, quien asumió por primera vez el 3 de diciembre de 2010 y en el mismo el 2016. Sin embargo, fue designado en el mismo cargo por decreto presidencial 4536 del 29 de junio de 2021.

En cuanto a Antonio Zacarías Condori, vocal del TED La Paz fue designado el 2017 y cesó sus funciones el 24 de noviembre de 2019 como efecto de la ley 1266, pero nuevamente fue designado en el mismo cargo por decreto presidencial 4440 el 5 de enero de 2021.

“Pudieron haber impugnado el decreto”

En todos y cada uno de los casos, cada una de las personas denunciadas, al haber sido designadas por el presidente Luis Arce y haber ejerciendo el cargo de vocales por segunda vez a pesar de la prohibición constitucional y legal, según la denuncia “Han mentido al asegurar que no están incurriendo en ninguna prohibición constitucional o legal, y esa conducta está reñida con el principio fundamental de integridad en su vertiente del mandato ama llulla (no seas mentiroso).

Según los asambleístas denunciados, al haber sido notificados con el decreto supremo de designación debieron impugnar, rechazar o en su caso renunciar a su titularidad por principio de legalidad, jerarquía normativa y respeto a la Constitución.

La denuncia presentada se enmarca en el Reglamento Disciplinarios de Vocales Electorales y se recomienda notificar tanto al senador de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez y el diputado Freddy Mamani para que remitan pruebas de las designaciones de dichos vocales, que posteriormente asumieron por segunda vez el mismo cargo.

BD JMC