Paralizar las exportaciones de productos cruceños hasta que se levante el paro cívico es un vil chantaje al que está recurriendo el gobierno de Luis Arce para doblegar la voluntad de los líderes del paro cívico, sin considerar que, con esa medida, está causando un grave daño a la economía nacional.

Todos los actos del MAS y del Gobierno apuntan a asfixiar a Santa Cruz, ya sea por el cerco en sus carreteras, por el recorte de combustibles y ahora por la decisión de suspender la exportación de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res. Tal parece que el oficialismo estaría “ayudando” a que el paro cívico sea total y que ni siquiera los compromisos internacionales se cumplan en cuanto a cupos de exportación, lo que pone en duda la fe del país a nivel internacional.

El argumento utilizado para tan descabellada medida es que se busca garantizar el abastecimiento interno de alimentos, pero se trata de una falacia porque ese punto ya está contemplado cuando el Gobierno otorga los certificados de exportación una vez que se garantizan los productos para el mercado interno.

En todo caso, si se busca garantizar el consumo interno, lo que se tendría que hacer es levantar el cerco que los movimientos sociales del MAS mantienen en las carreteras de acceso a la capital oriental con el objetivo de asfixiar a los habitantes cruceños, aunque el efecto está resultando inverso porque la población que terminará desabastecida es la del resto del país que habitualmente compraría los productos cruceños.

La decisión de frenar las exportaciones es una medida que, si bien golpeará a los bolsillos de los empresarios cruceños, también afectará al resto del país y al propio Estado porque dejarán de ingresar divisas por esa materia y se pondrán en riesgos los miles de empleos que generan los exportadores.

El oficialismo está apostando a castigar a la gente con la finalidad de obligar a levantar la medida de presión, pero está usando un arma de doble filo porque un Gobierno goza legitimidad mientras es capaz de brindar bienestar a sus ciudadanos y en ningún caso cuando actúa como otro sector social más en la pelea política.

Esta actitud, lejos de resolver el conflicto, podría empeorarlo porque los líderes de la protesta podrían ampliar su pliego a demandas políticas destinadas a desgastar a las autoridades con la simple lógica de que, en vez de gobernar, están contribuyendo al caos y al desgobierno.

Finalmente, los múltiples castigos que el gobierno está infligiendo al pueblo no resolverán el problema de fondo porque la demanda insatisfecha, la del censo en 2023, seguirá existiendo.