El Gobierno nacional ha reaccionado de una manera infantil, revanchista e irresponsable al determinar la prohibición de la exportación de productos del agro cruceño con el absurdo argumento de que de esa manera garantizará la seguridad alimentaria mientras dure el paro indefinido de Santa Cruz.

Infantil porque claramente se trata de una respuesta a la toma de posición clara y firme de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que ayer rompió su silencio y emitió un contundente comunicado en voz de su presidente, Fernando Hurtado.

La institución que agrupa a las empresas condenó el corte del suministro de gas en el Parque Industrial, censuró la actitud del Gobierno de incentivar los conflictos y de ignorar la legítima demanda cruceña; puso en evidencia la hipocresía gubernamental que viene a la fiesta en septiembre y en octubre corta el gas y cerca la ciudad, poniendo en evidencia que hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace.

Hurtado deslizó que el Gobierno aprovecha el conflicto del censo para levantar una cortina de humo y tapar el deterioro de la economía y la incapacidad de la gestión económica nacional, la decadencia del modelo, la pérdida de divisas, el gasto público ineficiente y la mediocre recuperación de la economía.

Los empresarios, que están obligados a cuidar las formas, el tino y la extrema prudencia en sus expresiones para no ser blanco de la hostilidad política desde el Gobierno central, esta vez salieron con todo, con mucho respeto y serenidad, pero con una fuerza que pocas veces mostraron como hoy para presentar incuestionables argumentos y dejar en evidencia los enormes desaciertos de la gestión gubernamental.

Pocas horas después de ese pronunciamiento salió el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, a informar del garrote político contra el sector que produce, trabaja y da trabajo, y genera ingresos de divisas al país. La decisión del Gobierno de Luis Arce fue suspender desde este jueves la exportación de productos como la soya, azúcar, aceite y carne de res.

Argumentaba el ministro que había un riesgo de desabastecimiento e incremento de precios de productos de la canasta familiar. Paradójicamente, a tiempo de anunciar la suspensión de las exportaciones, el ministro acusaba a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar de paralizar el sector productivo, atentar contra la seguridad alimentaria y de las millonarias pérdidas que se ocasiona al aparato productivo cruceño y nacional. Lo hizo casi simultáneamente al anuncio de suspender las ventas que le dan ingresos y mueven la economía del país.

El ministro Huanca probablemente desconoce muchas cosas. Ignora por ejemplo que los productos que se exportan son excedentarios, es decir, son los que sobran después de abastecer el mercado interno; ignora que cuando no cumples con tu comprador externo, éste busca otro que lo haga, te desplaza y mañana cuando todo se resuelva quizá ya no te vuelva a comprar porque le fallaste una vez de manera intempestiva. ¿Sabrá el ministro Huanca lo que cuesta conseguir un comprador internacional para las pocas cosas que producimos los bolivianos?

Si el objetivo era hacer más daño a la región de Santa Cruz como castigo porque se porta mal al reclamar un censo, porque este pueblo es rebelde y no se resigna a no pelear por sus derechos, porque no es sumiso como ellos lo quisieran, entonces cumplieron parcialmente su objetivo, pero lo que no saben es que el daño también lo sentirán las estadísticas que ellos están empeñados en mostrar como exitosas. Y lo peor, que no es con castigos políticos como ese que lograrán torcerle el brazo de la región movilizada que ya demostró en el pasado todo lo que es capaz de lograr.