El exasambleísta departamental de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Arturo Vegamonte, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de acoso político en contra de la exasambleísta departamental, María Patzi, también del MAS.

El Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo atendió el caso y el 26 de octubre hizo conocer la determinación asumida luego de escuchar a las partes, los testigos, las pruebas documentales y las fundamentaciones finales tanto de la Fiscalía.

Durante su testimonio, Patzi mencionó varias circunstancias en las que sintió presión, hostigamiento, amenazas y violencia psicológica por parte Vegamonte para que le “cediera” la titularidad del cargo de asambleísta departamental.

“Desde 2018 comenzó a exigirme el cargo en todas partes. Me decía ‘tienes que darme, yo soy más capaz que tú porque soy profesional (...). Basta, viciosa, dame tu cargo’”, recordó con la voz quebrada, según una publicación de la Coordinadora de la Mujer.

Los episodios de mayor presión y acoso que Patzi habría sentido por parte de su entonces suplente habrían tenido lugar en noviembre de 2018, razón por la cual lo denunció por acoso político en diciembre de ese año ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.

Un mes después, el organismo electoral remitió el caso al Ministerio Público y esta instancia, en diciembre de 2021, presentó la acusación formal ante el Órgano Judicial. Posteriormente, el 2 de agosto se dio inicio al juicio y este 26 de octubre se conoció la sentencia.

Tras conocer la sentencia, Patzi dijo “no soy autoridad, no estoy en ningún cargo. Solo soy una mujer indígena campesina que busca justicia para todas las mujeres. He peregrinado por cuatro años porque quiero sentar precedente. Las mujeres, y sobre todo las de pollera, tenemos capacidad de asumir un cargo (político) como cualquier hombre”, dijo, mientras sostenía un cartel donde se leía “la gestión compartida es ilegal”

El exlegislador ocupada funciones en la gestión 2015-2020, actualmente es concejal suplente del municipio de Vinto en el departamento de Cochabamba.

La red de la Coordinadora de la Mujer destacó la sentencia que se constituye la segunda en su naturaleza desde que fue aprobada la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, vigente hace 10 años.

El primero fue el de la excandidata a gobernadora por La Paz Felipa Huanca, que denunció a Rafael Quispe. Éste fue sentenciado a dos años de privación de libertad.

“Para las organizaciones de mujeres, es fundamental resguardar los derechos políticos de las mujeres, que están garantizados por la misma Constitución Política del Estado. Las mujeres bolivianas tienen el derecho de acceder y ejercer cargos político-públicos en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, sin acoso ni violencia política”, señaló Lucía Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer.

Según ese organismo, el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ocupan espacios de decisión es una práctica común en el sistema político boliviano, cuyo objetivo es expulsar a las mujeres de los espacios de decisión.