Pocas veces en nuestra historia reciente un evento estadístico ha generado tantas controversias y concitado tantas expectativas como el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debía realizarse este año, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU y al compromiso asumido por los diversos gobiernos desde 1992.

Hasta ahora los censos fueron un tema privativo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que casi siempre los llevó adelante con limitaciones técnicas y presupuestos insuficientes, pero con una gran dosis de voluntad y participación ciudadana.  Muchas veces sospechamos que los datos tenían inconsistencias, eran incompletos, tardaban en difundirse y la información era compleja y poco comprensible para la mayoría de los ciudadanos; no obstante, tomábamos las cifras con respeto reverencial, como la fuente obligatoria y casi indiscutible para diseñar políticas públicas, elaborar leyes, hacer estudios e investigaciones y sustentar ideas y proyectos.

Ése fue el escenario en el que se llevaron adelante los cuatro censos del siglo XX (1900, 1950, 1976 y 1992) y los dos del siglo XXI (2001 y 2012); sin embargo, es evidente que no será el caso de la consulta actual, que ya ha generado uno de los niveles más altos de confrontación de los últimos tiempos. Lo que debió ser una cuestión técnica se ha convertido en un asunto multidimensional que involucra lo económico, social, regional, institucional, académico, jurídico y político, y curiosamente ha relegado al aspecto organizacional, representado por el INE, a un segundo plano.

Hay tres factores que explican este problema. El primero tiene que ver con el hecho de que los datos del censo constituirán la base empírica para analizar si el Estado Plurinacional, en su organización y dirección, ha sido hasta ahora eficiente y justo, especialmente si consideramos que, tras 13 años de vigencia, continúa sostenido principalmente en el discurso ideológico. Desde esa perspectiva, la información que se obtenga servirá para conocer, a nivel micro, los resultados de un modelo aplicado en más de una década, que basó el desarrollo y el bienestar en el crecimiento del Estado, el pluralismo jurídico y económico, y el centralismo.

Un segundo aspecto se refiere a la evaluación de los efectos e impactos de las políticas públicas locales y nacionales, que podremos realizar cuando contemos con información actualizada y confiable sobre la distribución poblacional, los indicadores de pobreza, ingresos, igualdad, seguridad, empleo, salud, vivienda, servicios básicos y otros.  Esa misma información será el instrumento imprescindible para superar la planificación improvisada y diseñar planes de desarrollo eficientes y adecuados.

Un tercer factor tiene que ver con una evidencia: la división político administrativa en departamentos y provincias ya no es suficiente para la organización territorial. En las últimas décadas, la población se ha concentrado alrededor de tres grandes áreas metropolitanas vinculadas entre sí, que concentran el 70% de los habitantes, desarrollan la mayor parte de las actividades económicas y políticas, aportan más al fisco y también presentan las mayores necesidades en servicios públicos.  En este caso, el censo va a evidenciar claramente que hay un desequilibrio entre la cantidad de habitantes y la distribución de recursos, la representación parlamentaria y el peso electoral, que afecta a estos territorios. Es precisamente en esa inequidad donde encontramos el epicentro del conflicto.

Con la evidencia empírica y en base a las normas vigentes, se tendrá que aplicar una mejor distribución de los recursos, lo que a su vez viabilizará la autonomía, dinamizará la economía y beneficiará a todos de manera más directa y eficiente, porque los gobiernos locales ya no dependerán de las decisiones del poder central en su gestión. 

Eso ha quedado demostrado precisamente con el desarrollo cruceño, cuyo modelo de crecimiento lo ha convertido en el primer departamento en recursos y población, pero que también ha impulsado el bienestar del país en su conjunto, atrayendo una masiva migración de personas, emprendimientos e inversiones desde todas las regiones.

El censo no va a solucionar problemas per se, pero va a visibilizar realidades que se contrastarán con lo avanzado hasta hoy, y servirá de fundamento para realizar los ajustes en el modelo de progreso y bienestar que ya hemos emprendido los bolivianos, más allá del discurso y la ideología.

Quizá eso ayude a entender las posiciones radicales, pero también la irracionalidad de un conflicto que va a terminar en el inevitable ajuste del cronograma, aunque el precio que se pague para ello sea demasiado alto.