Hay dos vertientes que justifican la necesidad de un censo bien hecho lo antes posible. Una es la perspectiva legítima del desarrollo ordenado y la otra, no menos importante pero mucho más interesada, la de la redistribución de escaños dentro de la Asamblea Plurinacional.

Para los que somos departamentos marginales de la periferia, el reparto político siempre saldrá a perder. Hace tiempo que a nadie en el conjunto nacional le importe Tarija más allá de su gas y sus virtudes naturales para correrse una buena farra – vino para quedarse, ya saben -. Un 5 por ciento de la población, dividido además en casi dos mitades entre valle y Chaco, que electoralmente tienden a anularse, nos convierte en absolutamente irrelevantes en términos electorales.

Esa irrelevancia, aunque se mantengan las formas, se traduce en precariedad y abandono. La inversión del Estado en Tarija al margen de los hidrocarburos es absolutamente marginal, y eso se materializa en carreteras en estado de descomposición; en tendidos eléctricos de alto riesgo; en hospitales construidos sin equipamiento ni personal; en el aeropuerto más obsoleto del país; en fronteras aberrantes donde campea la impunidad alegremente y otra infinidad de ejemplos.

Revertir esta situación era casi imposible con el sistema electoral vigente, que negaba la participación regional en la Asamblea Plurinacional, aunque en la última Ley Electoral se ha introducido la posibilidad de concurrir a una convocatoria electoral nacional con una suma de Agrupaciones Ciudadanas distintas de los nueve departamentos, una salvaguarda que abre opciones a la concurrencia electoral de un proyecto federal, por ejemplo, y que puede conformar una bancada que sume votos a las mayorías en función de los intereses particulares de una región. Esto apenas lo ha explorado la bancada camba de los Demócratas – aunque diluida en la coalición con Unidad Nacional y dentro de un parlamento con dos tercios del oficialismo – y lo intenta ahora la bancada de Creemos, que concurrió a la cita electoral con la sigla nacional de Unidad Cívica Solidaridad pero que básicamente se constituyó en un proyecto cruceño -.

La actualización del censo conllevará un nuevo reparto de escaños entre las regiones y con probabilidad, Santa Cruz se acercará a ese 30 por ciento imprescindible para las decisiones de calado, pero así es la Ley y las leyes se hacen para cumplirse siempre y no solo cuando conviene. Por eso Tarija debe pensar claramente qué es lo que le conviene de la realización de un censo hecho con la cabeza puesta en las elecciones de 2025.

Es importante que los políticos de hoy empiecen a delinear cual será el papel que prevén para Tarija y que opciones tendrá de ocupar un rol relevante en la construcción de la identidad nacional. Construir alternativas políticas que eviten el ostracismo y el abandono es, sin duda, una obligación de todos los actores.