Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de una carta presentada por el legislador oficialista Patricio Mendoza, sugieren al presidente Luis Arce dictar estado de excepción en el departamento de Santa Cruz para “controlar el desorden, el caos, el terror”, que –en criterio del parlamentario– se ha generado por el paro indefinido.

“Pedimos al hermano Lucho (...) para poder dar la dictación de estado de excepción en el departamento de Santa Cruz, que requiere aplicará o dará órdenes a la Policía, al Ejército y controlar el desorden, el caos, el terror y el terrorismo que se vive en ese departamento”, declaró el legislador en una rueda de prensa, en la que mostró la carta enviada a Arce.

Acusó a las instituciones que llevan adelante el paro de generar un perjuicio a la población, a los transportistas, a los gremiales, porque supuestamente están amenazados para que suspendan sus actividades diarias.

El legislador del oficialismo insistió que “tiene que salir la Policía y las Fuerzas Armadas”, alegó que la ciudadanía está pidiendo “con clamor que se dicte el estado de excepción”.

Argumentó que el verdadero motivo de las movilizaciones en Santa Cruz es la desestabilización del Gobierno y la excusa es el Censo de Población y Vivienda. Acusó específicamente al gobernador Luis Fernando Camacho; al presidente del Comité por Santa Cruz, Rómulo Calvo; y al vocero del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar.

“Están liderando esta confrontación y el objetivo de ellos no es el censo, esto es para desestabilizar al Gobierno y hacer un golpe de Estado”, sostuvo Mendoza.

Explicó que, además de la Constitución Política del Estado, el pedido está sustentado por la Ley 1341 de Estados de Excepción promulgada en 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, durante el gobierno de Jeanine Áñez

“También hablamos de la Ley 1341 de Estado de Excepción, que habla cómo tenemos que presentar, tenemos todo el procedimiento que corresponde, esperemos que el hermano Presidente tome en consideración esta situación y se declare el estado de excepción como estamos pidiendo”, agregó.

Sin embargo, la Ley 1341 impide que el Gobierno ordene estado de excepción por conflictos sociales. “Los conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades u obligaciones financieras, por sí solas o por su subjetiva vinculación a entidades externas, no serán justificativos para la declaratoria de este tipo de estado de excepción”, señala el parágrafo II del artículo 24.