Los campesinos de Santa Cruz mantienen la amenaza de cercar el departamento cruceño. Ayer, en el municipio de La Guardia se estableció que desde esa localidad se apoyará al cerco, que según la dirigencia campesina debe correr a partir de mañana en caso de el paro indefinido siga en marcha. Mientras, en las demás regiones del país crece la presión para que el censo se desarrolle en 2023. 

“En caso de incumplimiento de nuestras demandas por nuestro derecho al trabajo y al libre tránsito, la sociedad civil del municipio de La Guardia debe sumarse de manera orgánica, disciplinada y contundente con las determinaciones del cabildo del pueblo y de los entes matrices, incluso con el cerco a Santa Cruz”, establece el cuarto punto del acta de la reunión que tuvieron ayer campesinos, bartolinas y otros sectores en el municipio de La Guardia. 

Los sectores afines al oficialista MAS advirtieron el domingo con cercar Santa Cruz en caso de que no se levante el paro indefinido en un plazo de 48 horas. Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, aseguró que la medida es parte de las decisiones asumidas en la concentración del viernes 21 en el monumento Chiriguano.

Ayer, Vargas ratificó la medida antes de ingresar a la reunión con autoridades del Gobierno. Aunque en esa cita no se abordó la amenaza del cerco, antes los dirigentes mantenían el mismo discurso. Felipa Montenegro, de las bartolinas de Santa Cruz, también mantuvo la posición de cercar el departamento en caso de que la medida del paro siga vigente.

Montenegro anunció que ya tienen reuniones programadas con sus organizaciones sociales en los 56 municipios de las 15 provincias del departamento, para hacer cumplir la determinación si es que no se levanta el paro indefinido en Santa Cruz.

Amenaza de cerco
El tema del censo es el punto de la discusión entre el Gobierno y diversos sectores. En Santa Cruz se inició un paro indefinido, mientras que en otras regiones existen diferentes medidas de presión para que el censo sea en 2023. 

Incluso los sectores afines al MAS piden que se “reconduzca” el proceso censal y que sería “magnífico” adelantar la fecha del censo. Ayer, estas organizaciones y el Gobierno quedaron en realizar un “gran encuentro nacional” para hallar soluciones. 

La amenaza del cerco no fue abordada en la reunión entre sectores sociales y el Gobierno. En su acta de conclusiones no se menciona esta advertencia y menos se debatió en el encuentro. Ayer por la noche, Vargas se excusó de hablar con este medio y ante la consulta de que si se mantiene la posición del cerco dijo que “sí”.

Sin embargo, el ejecutivo de los interculturales de Santa Cruz, Juan Cáceres, afirmó que el tema del cerco se lo viene debatiendo desde hace tres semanas y que ayer no fue un tema abordado con las autoridades de Gobierno. El dirigente dijo que si bien se mantenía la advertencia se debía debatir el día de hoy. 

Las bancadas de Creemos en el Legislativo reprocharon la amenaza de cercar Santa Cruz por parte de afines al MAS y apuntaron a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, de estar detrás de la advertencia del cerco. 

“Las acciones que pretende coordinar la ministra (de la Presidencia) con sectores afines al Gobierno solo buscan reprimir, castigar y someter la convicción democrática del pueblo cruceño y someter al pueblo a los intereses del Gobierno. Es incongruente que la misma ministra (Prada) haya planteado una supuesta mesa de diálogo y ahora organice la agresión a nuestro pueblo y a ciudadanos congregados en una protesta pacífica”, dice parte de un comunicado de las bancadas de la alianza Creemos. 

Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, restó importancia a la amenaza del cerco y dijo que hoy la población podrá salir a provisionarse de alimentos por la mañana. El líder cívico afirmó que el paro continuará hasta que haya un acuerdo para que el censo se desarrolle en el 2023. 

En otras regiones
En otras regiones crece la presión para que el censo sea en 2023. En Beni ayer se cumplió un paro de actividades con algunos incidentes entre manifestantes y la Policía. 

En el ingreso al aeropuerto en la ciudad de Trinidad los efectivos desbloquearon la vía con gases lacrimógenos. Además, una concejala de la capital beniana resultó herida por un enfrentamiento con un grupo que está en contra de la medida de presión. 

En el choque con los efectivos policiales la diputada supraestatal Aleiza Alcira Rodríguez, de Comunidad Ciudadana (CC), resultó afectada por los agentes químicos. Los bloqueadores denunciaron que los policías rompieron sillas y un toldo que les protegía del sol. 

En otra disputa, la concejala Carla Sittyc, de la alianza Todos Unidos por el Beni, fue herida en el rostro con un alicate. La autoridad comenzó a sangrar en medio de la confrontación y denunció que “grupos de choque” de la Alcaldía de Trinidad la atacaron. 

Sittyc señaló que presentó su denuncia por la agresión a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El Comité Cívico de Beni organizó ayer un paro de actividades con bloqueos exigiendo que el censo sea en 2023. La Gobernación de Beni ni la Alcaldía de Trinidad acataron la medida. 

Ayer, varias plataformas ciudadanas de Cochabamba realizaron una marcha en la capital cochabambina exigiendo la realización de un paro de 24 horas en esa región como medida de presión para que el censo sea en 2023. 

Omar Sánchez, representante de las plataformas ciudadanas de Cochabamba, informó que se creará un “comité ciudadano cívico” para que encabece las medidas de presión con el objetivo de lograr el censo en 2023.

“Tenemos que llegar a una pacificación total de nuestro país y la única manera es teniendo un padrón electoral limpio, de manera que las elecciones que se nos vienen puedan ser llevadas a cabo en orden”, dijo Sánchez.

El activista acotó que la marcha de teas que se desarrolló ayer salió de la plaza de las Banderas, en la zona de Cala Cala, y llegó a puertas de la sede de los empresarios de Cochabamba. Una de las conclusiones fue pedir un paro de 24 horas para que la encuesta nacional sea el segundo semestre del año que viene.

El Comité Cívico de Cochabamba, tras una asamblea con diferentes sectores, definió realizar el jueves próximo una marcha como “primera medida de presión” exigiendo un “censo digital” en 2023. 

La entidad cívica amenazó con una huelga de hambre indefinida si es que no se escuchan sus propuestas. Además, llaman a una reunión nacional en la ciudad de Cochabamba para resolver la crisis que atraviesa el país. 

En Tarija, el presidente del Comité Cívico de esa región, Adrián Ávila, informó que existe una vigilia en la capital tarijeña y confirmó el paro de 24 para este jueves.

“Se ha determinado iniciar un paro cívico de 24 horas este jueves 27 de octubre, vamos a estar en permanente vigilia para realizar las coordinaciones futuras que corresponda. Es una medida de protesta movilizada con el bloqueo de carreteras. Se determinó siete puntos en la asamblea, entre ellos estamos convocando a un cabildo departamental para el 31 de octubre donde se definirán medidas de presión, en caso de que no sean atendidas nuestras demandas no descartamos realizar un paro indefinido con bloqueo de carreteras”, dijo Ávila. 

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, aseguró que la propuesta de realizar el censo en octubre de 2023 es viable y que se habría trabajado técnicamente entre el Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la cual que preside.

Mientras, en La Paz el alcalde Iván Arias dejó ayer en ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo una carta dirigida al presidente Luis Arce, en la que le pide convocar a una cumbre nacional para definir la fecha del censo y propone a la Iglesia Católica y otras instituciones como mediadoras del “acuerdo nacional”.

En Oruro y Pando, los comités cívicos de esas regiones establecieron realizar una marcha para exigir el censo en 2023. Potosí también analiza medidas y Chuquisaca no tiene resoluciones.