Cuarto día de paro y no hay diálogo ni mediación. Desde el Comité Cívico se prepara “una larga lucha”, mientras el Gobierno aceptó la propuesta de sectores aliados del MAS para “un encuentro plurinacional” en el que se prevé la definición de la fecha del censo. 

Eso sí, el Ejecutivo también mantuvo la propuesta de “dejar abierta la fecha del censo” para que sea definida “en mesas técnicas”. Todo esto sin anular el Decreto 4760, que postergó la gran encuesta nacional hasta 2024. 

La norma establece que ese empadronamiento nacional se ejecute un día, no definido, entre el mayo y junio de 2024. En el contexto del paro cruceño, el Gobierno había prometido ajustar los tiempos para que la encuesta se realice en abril de ese año y los primeros resultados de población seis meses después, es decir en octubre de 2024. La idea es proceder con la asignación de recursos a los municipios sobre la base de la nueva realidad demográfica.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó ayer que este planteamiento está contenido en un proyecto de decreto que le fue entregado el sábado al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. Fue ese día cuando se rompió el diálogo entre el Gobierno y representantes del Comité Interinstitucional que promueve el censo en 2023.

Precisamente por eso, el proyecto de decreto fue rechazado ayer. “La propuesta que nos ha dado el Gobierno no va, no la aceptamos. Nuestra propuesta es incluyente porque piensa en toda Bolivia”, informó el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, tras la evaluar el plan gubernamental. 

El cívico, quien permanece en su residencia bajo arresto domiciliario, recibió a Cuéllar y al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, para analizar el documento que preparó el Ejecutivo.

El Comité Interinstitucional consideró que no es viable mantener el Decreto 4760 que fue usado para postergar el censo. “No se usaron criterios técnicos para postergarlo”, dijo el asesor legal de la entidad, José Luis Santistevan. 

El jurista también consideró que el Gobierno “no apeló a validar su propuesta en mesas técnicas” y que “se demuestra que el Gobierno no tiene mayores problemas con la asignación de recursos si no en mantener la hegemonía política del MAS”.

Con los resultados del censo, las autoridades del país acceden a un instrumento oficial para planificar las políticas públicas, asignar los recursos de la coparticipación tributaria y a la reconfiguración de los escaños en la Cámara de Diputados. 

Santistevan puntualizó que también se debe reconfigurar “las circunscripciones uninominales”, pues, alguna de ellas, especialmente en el área rural, pasarán a los centros urbanos más poblados del país. El Gobierno no se refirió, hasta el momento, sobre los efectos políticos del censo. 

Además, la propuesta gubernamental no cumple con el “mandato” del cabildo del 30 de septiembre que exigió que el censo se haga en 2023 y los resultados sean entregados en 120 días siguientes.

El sábado, el Comité del Censo también presentó un proyecto de decreto. La norma planteada prevé incluir a los estudiantes universitarios en el proceso censal y mantiene vigente el Decreto 4546, anulado por el presidente Luis Arce cuando modificó la fecha de la encuesta nacional. Ese decreto fue usado para tramitar el préstamo internacional para el censo.

Sobre la base de esa norma, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fonplata aprobaron un paquete de $us 100 millones para fortalecer las tareas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los que $us 68 millones se destinarán al operativo censal.

Prada junto al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, se reunieron ayer con representantes de las organizaciones sociales, aliadas del MAS, que el 21 de octubre organizaron el denominado cabildo del pueblo. En el encuentro también estuvieron representantes del INE que explicaron el plan del Gobierno. 

Al término de la reunión que se prolongó por seis horas, los sectores expresaron su preocupación por la realización del censo, pero demandaron que el proceso “sea de calidad”. En ese marco firmaron una declaración de cinco puntos, entre ellos la “convocatoria a la brevedad, a un encuentro nacional de censo con consenso”.

Para este evento demandaron la presencia de gobernadores, alcaldes, autoridades de entidades indígenas originarias y universidades. En dicha reunión, se definirá la fecha del censo “de acuerdo a consideraciones técnicas” y tomando en cuenta las particularidades de las regiones y pueblos indígenas del país.

También incluyeron un punto para exigir “una investigación rápida” por el fallecimiento del ciudadano Julio Pablo Taborga en los incidentes en la fronteriza localidad de Puerto Quijarro.

Siguiendo el mandato del “cabildo” del 21 de octubre, los aliados del MAS pidieron al Gobierno “garantizar el derecho al trabajo y a la libre circulación”, ya que el paro indefinido afecta a los ciudadanos que desean “trabajar, de abastecer a los hogares con alimentos, de acudir a los centros de salud y sobre todo de garantizar el derecho a la educación presencial”.

Como instituciones organizadoras del “cabildo del pueblo”, recalcan las consideraciones emanadas de dicho cabildo y “ratificamos el compromiso con de defensa de la democracia intercultural, la vida, la economía y el trabajo de los bolivianos”, señala la declaración firmada ayer. 

Prada dijo que todas las determinaciones serán de conocimiento del presidente Luis Arce, porque se trata de la voz “de la otra Santa Cruz, la que es ignorada, invisibilizada y discriminada”.

El delegado de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, planteó “la posibilidad de adelantar el censo” siempre y cuando se argumente “desde una revisión técnica” para que sea “de calidad”.

Este pedido, propuesto por la representante de la Federación Departamental de las Bartolina Sisa, fue validado en un primer momento por los delegados presentes. Aun así, no quedó en el documento final de cinco puntos.

Respecto a estas conclusiones, Santistevan lamentó que “un tema que debió resolver el INE será debatido con criterios políticos. “Llevar el censo a una entidad que no tiene nada de técnico es destruir el proceso, porque esas cumbres no son técnicas. Esto nunca fue técnico, siempre fue político; además ya adelantaron el criterio de hacer el censo en 2024”, remarcó el asesor.

Recordó que el MAS también propuso cumbres y “reuniones plurinacionales para reformar la justicia” que fueron hechas “para destruir la institucionalidad del Estado”. Añadió que “ese es un modus operandi que continuará con acciones represivas para anular las protestas ciudadanas”.

Al respecto, Calvo anunció que, a partir de este martes, habrá un horario para que la gente pueda comprar alimentos y abastecerse. Esto se cumplirá entre las 6:00 y las 11:00, mientras dure la protesta e incluirá a los supermercados.

“Esta lucha va a ser larga; el Gobierno no da su brazo a torcer a una demanda social, a una necesidad del pueblo. Todos tenemos que abastecernos, porque vamos a continuar con este paro”, dijo.

Aseguró que se aceptó el ofrecimiento de monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, para que la Iglesia católica sirva como mediadora. “Nosotros queremos tener un tercer dirimidor que pueda ser objetivo, que demuestre a la población que nosotros estamos hablando con la verdad y no políticamente”, dijo.
Prada afirmó que indígenas también quieren mediar.