Según Democracy Index 2021, de The Economist Intelligence Unit, hay 21 países considerados “democracias plenas”, y cada vez menos países democráticos en el mundo. La situación latinoamericana es preocupante: Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador y López Obrador en México, son los peores ejemplos de manejo estatal en estos meses, y solo Guyana ha subido en el índice.

Bolivia está ubicada como una “democracia híbrida”, con una puntuación de 4,65/10 y encima de países como Guatemala o Turquía. La mejor puntuación del país está en “participación política” y la peor, en “funcionamiento de gobierno”, situación que comparte con Irán, Nicaragua o Congo. Por “democracia híbrida” se entiende una transición incompleta de autoritarismo a democracia, donde existen elecciones y pluralismo, pero favorecen a los que están gobernando, además de poca confianza en instituciones.

Son datos de 2021, pero similares a los años 90. En 1995, para Scott Mainwaring y Timothy Scully, la democracia boliviana era “incipiente y débilmente institucionalizada”, mientras que para Willem Assies y Ton Salman, en 2002, entre 1985 y 2002 hay un régimen profundamente defectuoso que, por la negación a representación indígena, lleva a una etapa de “tensiones acumuladas” que conducen al país a otro momento político.

Hay eventos que se repiten, con un Estado sumamente débil: hay denuncias de narcotráfico en política en el gobierno de Paz Zamora (1989-1993), Morales (2006-2019) como en Añez (2019-2020) y Arce, pero también los abusos militares en el de Banzer (1997-2002), el de Sánchez deLozada (2003), Morales y el de Añez, y la corrupción está presente en todos los gobiernos bolivianos en 40 años.

La debilidad del Estado boliviano se refleja en los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial entre 1996 hasta 2017: constantes problemas con el control de corrupción (25/100 en promedio), el Estado de derecho (en 2017 llega a 9,6/100) y la estabilidad política (entre 30 y 40/100). Analizando los cuatro indicadores de eficiencia estatal del Banco de Desarrollo de América Latina (burocracia de calidad, transparencia en las compras públicas, participación ciudadana, monitoreo y evaluación), el problema se amplía a gobernaciones, municipios y universidades.

Para consolidar una democracia se requiere confianza. Según Latinobarómetro, la confianza en las instituciones públicas bolivianas es alta en 1997 y 2009. Esto por la amplia representación del electorado en las elecciones generales de 1997, en las que además de los partidos como MNR, ADN y MIR, participan UCS y Condepa, MBL e Izquierda Unida. Es probable que esta participación tenga que ver con la Ley de Participación Popular en 1994 y la reforma constitucional de 1996, que permite 68 nuevas circunscripciones uninominales.

Para el caso de 2009, esto se explica por la redacción de una nueva Constitución Política del Estado que, a pesar del descontento en varias capas sociales y regiones, es aprobada ampliamente (61,4%) en un referéndum. Sin embargo, son dos hechos casi aislados.

El decreto 21060 de 1985 condiciona enormemente la migración de centros mineros hacia zonas más tropicales en Bolivia (Chapare, una de ellas), lo que implica otro tipo de politización a las históricamente existentes, que van desde lo indígena, lo regional hasta lo urbano, mientras que Santa Cruz apunta a un fuerte posicionamiento desde lo cívico desde el año 2003. Son dos movimientos que crecen casi de forma paralela en los últimos 25 años: el movimiento cocalero hace su aparición definitiva en el segundo gobierno de Banzer (1997- 2002) en respuesta al Plan Dignidad de 1998 que busca erradicar los cultivos de coca ilegales en el Chapare y en 2000, junto al indianismo de Felipe Quispe, que marcha hacia La Paz en contra del gobierno de Banzer.

Por otro lado, la “resistencia civil” de los empresarios cruceños en esta época deriva luego en los pedidos de autonomía del Comité Cívico, liderado por Rubén Costas en 2003, aunque el Comité inicia en la década de los 50.

El indianismo y el indigenismo en 2000 ven sus aspiraciones convertidas en candidaturas en 2002, con Felipe Quispe y Evo Morales a la cabeza, respectivamente, mientras que Rubén Costas es prefecto y luego gobernador de Santa Cruz que es ya el departamento más próspero de Bolivia.

Los partidos políticos son casi inexistentes como canales de demandas sociales. Esto diría que hay un constante debate político en Bolivia, fuera de los partidos. Es verdadero y falso: en la política boliviana, decisiones de trascendencia política se toman fuera de lo formal, pero, al mismo tiempo, excluir a la sociedad civil organizada es igual a desgobierno: esto explica la vigencia de UCS y Condepa, y también la Marcha por la Vida de 1986, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, Guerra del Agua en 2000, la Guerra del Gas en 2003, la Marcha de la Dignidad en 2011, sectores de clase media urbana por el referéndum de 2016, plataformas ciudadanas y comités cívicos en la crisis de 2019, movimientos feministas, y marchas de sectores populares en el gobierno de Añez.

Es como una lógica política: la sociedad civil participa en decisiones políticas en tanto manifieste lealtad hacia quienes gobiernan. La cooptación, que es la participación controlada de la sociedad en el Estado, no es igual a la transformación de ciertas condiciones socioeconómicas, al contrario, es la tergiversación de demandas sociales. Aunque pone en agenda las demandas, la cooptación neutraliza el debate público. No es una sociedad fuerte, es una sociedad civil condicionada por las élites que gobiernan.

Para consolidar la democracia boliviana, el primer desafío radica en transparencia: modernizar la gestión pública y dirigir el debate público hacia la vigilancia y rendición de cuentas.

El segundo: fortalecer la democracia directa, que las decisiones tengan más asidero en decisiones colectivas, en amplio consenso. El tercero, la reducción del aparato público boliviano. Si uno atiende al último informe de la Fundación UNIR (nov 2021-jul 2022) se encuentra con que, además de que la conflictividad boliviana muestra en 2022 cifras similares a los meses previos a la crisis del año 2019, las principales demandas de los bolivianos están en la calidad de los servicios públicos, la calidad de la gestión institucional y los burócratas.

Salir de desconfianza se logra fortificando a la sociedad civil frente al Estado. Con menos presidencialismo, y más democracia directa.