Salvo sorpresa de última hora, el diálogo por el censo se va convirtiendo en una misión imposible por mucho que todas las partes aseguren su predisposición. Con las medidas de presión ya instaladas, las condiciones son múltiples, y por si faltaba poco, actores políticos se suman a determinadas propuestas que hacen más compleja aún la definición.

Para el gobierno, la situación se torna insostenible. Desde el primer día en que se propuso la realización el censo en 2024 se generaron suspicacias, pues no tiene ningún sentido que un acto planteado para noviembre de 2022 y que se reprogramó faltando cinco meses sea imposible realizarlo al año siguiente, sobre todo porque apenas dos semanas antes de la suspensión se aseguraba que todo estaba en orden y que se haría en la fecha programada.

Para los cívicos, sin embargo, el asunto tampoco es tan sencillo ni tan popular. Parar la principal economía del país por una fecha sin explicar cuáles son las razones de fondo y convertirlo en una simple pugna de poder irradiando testosterona no convence a nadie, y la impresión de que hay intereses ocultos de cara al plano local hacen que el resto del país vea el asunto como una lucha básicamente de egos.

Hay una serie de puntos que deberían ponerse negro sobre blanco en la mesa de diálogo y a partir de ahí, tomar el resto de las decisiones para ajustar la fecha, pues organizar un censo no es un asunto tan complicado no se puede planificar en tres años – desde 2021 se anunció la fecha de censo – ni que no se pueda procesar en dos años. Se trata simplemente de asignar los recursos suficientes para hacerlo rápido.

El punto de partida siempre debe ser garantizar un censo bien hecho, alejado de la política y el oportunismo, y esto evidentemente, cuanto más se aleje de las elecciones de 2025 será mejor.

Precisamente por eso mismo, debe existir un compromiso de actualizar el reparto de curules de acuerdo a los resultados del censo ya para 2025, básicamente porque hacer lo contrario sería una estafa para toda la población boliviana: es justo y necesario que los pueblos tengan la representación proporcional que les corresponde y no que estén subrepresentados, pues eso acaba constituyendo una falla en el sistema que vuelve ilegítimo a cualquier gobierno.

Igualmente, la actualización del reparto de los recursos es una necesidad, pero en este caso concreto no conviene correr: la redistribución debe ser en función de un nuevo Pacto Fiscal que tenga en cuenta la cualidad de Estado Plurinacional y Autonómico con competencias transferidas que deben ser desempeñadas con seguridad y no dependiendo de las fluctuaciones del petróleo y su impacto en las regalías. Redistribuir la miseria que se reparte ahora entre municipios, gobernaciones y universidades no logrará construir un país más eficiente.

Hay muchas cosas en juego sobre la mesa. Bolivia y todos sus actores deben demostrar que tienen la capacidad de llegar a acuerdos por el bien el país. Que se puede rectificar y lograr compromisos de Estado entre todos. Bolivia se juega mucho.