El gobernador Luis Fernando Camacho aseguró anoche que el Comité Interinstitucional solo regresará a la mesa de negociación con el Gobierno, suspendidas abruptamente el sábado por la tarde, si el equipo de negociación del Ejecutivo es liderado por el presidente Luis Arce. Además, que se abrogue el Decreto Supremo 4760 para que el censo se realice en 2023.

Camacho respondió a Arce, que por la mañana había escrito en su cuenta de Twitter: “Nuestro Gobierno demuestra una vez más su predisposición al diálogo y cumpliendo con la demanda del pueblo cruceño, propuso mediante un nuevo Decreto Supremo definir la fecha del censo con base al análisis de las mesas técnicas. Esa propuesta no fue aceptada ayer (por el sábado) ni por el gobernador Camacho, ni por el Comité Cívico, que abandonaron la reunión”.

Por la noche, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, descartó la presencia de Arce y recurrió a sus aliados. Anunció que a las 10:00 de hoy se reunirá en Santa Cruz con los sectores sociales afines al MAS para hacer conocer las resoluciones del cabildo celebrado en el Chiriguano, el 21 de octubre, y fijar su posición relacionada con el censo, que el Ejecutivo insiste en que se aplique en 2024.

La posibilidad de que el Gobierno y el Comité Interinstitucional regresaran al diálogo se había descartado desde la mañana de ayer por la detención de tres personas en Puerto Quijarro, acusadas de participar en la muerte de un manifestante. Además, se habían producido las amenazas de cercar la ciudad, vertidas por sectores afines al partido gobernante, y los discursos incendiarios de las partes en conflicto que impiden el acercamiento.

Por la mañana, la ministra Prada aseguró que Camacho se oponía al diálogo porque “se alimenta de la violencia”. Además, según la funcionaria gubernamental, con la movilización en las calles el gobernador oculta su incapacidad de gestión.

Asimismo, la ministra Prada calificó a Camacho como un “tipo irresponsable”, que tuvo una actitud de “niño malcriado” al retirarse del diálogo el sábado por la tarde, cuando se propuso llevar a una comisión el proyecto de decreto para la modificación del Decreto Supremo que define la fecha del censo para 2023.

Por la noche, el gobernador pidió a Arce que” venga a negociar; no sea cobarde”. Aseguró que el equipo de negociación, liderado por Prada y el vocero presidencial, Jorge Richter, es incompetente.

“Este pueblo no se va a sus casas si no hay censo en 2023. Este pueblo consigue en las calles lo que no les da la gana de darnos desde La Paz”, arengó Camacho.

La voz de la esperanza para un acercamiento había surgido desde la Iglesia católica. El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, exhortó a las autoridades nacionales y departamentales a gestionar acuerdos, dejando de lado los cálculos políticos y los intereses personales para atender las necesidades del pueblo, que sufre y se enfrenta en las calles para exigir la realización del censo.

“Si hay algo que no permite avanzar en la solución del conflicto es un decreto (4760) que está de por medio. Pregunto: ¿Será muy difícil abrogar ese decreto? Si se abroga el decreto, ¿será que pierde el Gobierno? ¿Será ceder y dejar ganar a alguien? Si se abroga el decreto seguramente comenzará el diálogo para definir el día y el año del censo. En ese caso, el ganador será el pueblo”, expresó monseñor Leigue en su homilía dominical.

El mensaje de la Iglesia llegó un día después de que representantes del Comité Interinstitucional rompieran el diálogo ante la negativa del Gobierno de aceptar un proyecto de decreto que dejaría sin efecto el Decreto Supremo 4760 que contempla la realización del censo para 2024. La institucionalidad cruceña exige que se celebre en 2023.

La propuesta de buscar una salida concertada al conflicto fue recogida por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El líder cívico dijo ayer, a través de un video, “que se encuentran “prestos a reencaminar el diálogo (con el Gobierno) aceptando el ofrecimiento de un tercero imparcial justo y correcto como es la Iglesia católica”.

Mientras que el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, consultado específicamente sobre la declaración de Calvo, respondió que lo importante es que el Comité Interinstitucional presente su propuesta técnica sobre la posibilidad de que el censo se realice en 2023. Sin embargo, también mencionó que los representantes del Ejecutivo están dispuestos a dialogar, a pesar de que la ruptura, según él, fue propiciada por el Comité Interinstitucional.

En criterio de René Leigue, ambas partes tienen que perder, ceder. “Si hay diálogo que lo afronten, que escuchen, que dialoguen y sin levantarse”, dijo.

Por la noche, el representante del Comité Interinstitucional Vicente Cuéllar confirmó que hubo un acercamiento con los ministros Sergio Cusicanqui, de Planificación; Eduardo del Castillo, de Gobierno. En el encuentro participó Fernando Larach, del Comité Cívico. Explicó que recibieron la propuesta que tiene el Gobierno, pero aclaró que no fue una reunión propiamente dicha.

Detenciones y reacciones

La aprehensión de tres personas ocurridas la madrugada de ayer en Puerto Quijarro, acusadas de participar en la muerte del funcionario municipal Julio Pablo Taborga, de 47 años, que formó parte de un grupo que el sábado por la madrugada intentó evitar los bloqueos que daban inicio al paro indefinido en esa localidad ubicada en la frontera con Brasil.

Los aprehendidos fueron trasladados en avioneta hasta la capital cruceña y presentados al mediodía de ayer en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ubicada en el tercer anillo y avenida Santos Dumont. Familiares y parlamentarios de las alianzas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana instalaron piquetes de protesta en los alrededores de la estación policial para exigir información sobre el estado de salud de las tres personas.

Para evitar la aglomeración en los alrededores de la Felcc, efectivos de la Policía utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes. La diputada de Creemos María René Álvarez, que se encuentra embarazada, denunció que fue agredida por los policías.

“Presidente apúrese en abrogar ese decreto porque mientras más presos haya, menos nos vamos a nuestras casas”, dijo Camacho.

Desde el Comité pro Santa Cruz, el primer vicepresidente, Fernando Larach, exigió la liberación de los detenidos. También espera una investigación imparcial sobre la posición asumida por el alcalde de Puerto Quijarro, Luis Chambi (MAS), quien habría movilizado a los funcionarios para impedir el bloqueo en el paso fronterizo.

En la localidad de Quijarro también se produjo un revuelo por la detención de estas tres personas y su posterior traslado a Santa Cruz de la Sierra. Los cívicos de la provincia German Busch conminaron al alcalde Chambi a presentar su renuncia hasta el mediodía del lunes, tiempo en el que vence el plazo de 24 horas, tras lanzar su advertencia, ya que lo sindican que gestar los enfrentamientos cuando se iniciaba el paro indefinido convocado en Santa Cruz, que exige que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023.

Amenaza

Los sectores afines al oficialista MAS advirtieron ayer con cercar Santa Cruz en caso de que no se levante el paro indefinido en un plazo de 48 horas.

Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, aseguró que la medida es parte de las decisiones asumidas en la concentración del viernes 21 en el Chiriguano.

El dirigente de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, se sumó a la amenaza de los campesinos. “Gobernador de Santa Cruz, reflexione, no queremos sangre, no queremos muertos, en 48 horas, si no reflexiona, vamos a cerrar las vías de combustibles”.

No obstante, el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, retrucó que el pueblo seguirá en las calles hasta que el Gobierno apruebe el censo para 2023.

La posición fue reforzada por Luis Fernando Camacho. “Santa Cruz es la locomotora de Bolivia porque desde acá se prende la mecha. Los cruceños peleamos por Bolivia. Este pueblo no se va a sus casas si no hay censo en 2023”.