A dos años de haberse registrado los conflictos políticos y sociales por el fraude electoral, Bolivia vuelve a un escenario de tensión, esta vez por la fecha del Censo de Población y Vivienda, que definirá el escenario político de 2025, según analistas consultados por EL DIARIO.
El grito de reclamo por un censo en 2023 comenzó el sábado en Santa Cruz con el inicio de un paro indefinido. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, manifestó que están dispuestos a mantenerse en huelga el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno derogue el decreto con el que se aplazó el censo de población de 2022 a 2024.
El cívico aclaró que el principal riesgo de ejecutar el censo el 2024 es que las cifras se conocerán progresivamente entre 2025 y 2026, lo que implica que las políticas que se establezcan a futuro serán elaboradas con los datos de censo de 2012.
El sábado se instaló un diálogo “sin condiciones” entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz para alcanzar un acuerdo sobre la fecha de realización del censo, no obstante la intención quedó truncada, por lo que el paro indefinido continúa.
A la medida adoptada por Santa Cruz, se van sumando otros departamentos como Beni que hoy ingresa a un paro de 24 horas.
El cívico Adrián Ávila, informó que Tarija se sumará a la medida de Santa Cruz, con un paro de 24 horas el próximo 27 de octubre y permanecerán en vigilia permanente, exigiendo que el censo se realice en 2023.
Asimismo mediante un cabildo definirán si van por el paro indefinido exigiendo que la gran encuesta se realice el 2023.
La Asamblea de la Paceñidad, realizada el pasado viernes, determinó realizar una masiva marcha en demanda del censo 2023 y la unidad del país. No se acordó una fecha, pero el alcalde, Iván Arias, dijo que esta movilización no debería pasar del jueves. También se aprobó el apoyo a las movilizaciones de Santa Cruz.

DÉJÀ VU
Manuel Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), manifestó que lo que actualmente pasa en el país pareciera un déjà vu, ya que los conflictos de 2019 iniciaron con un paro indefinido que escaló a nivel nacional.
Recordó que en 2019, los cívicos inicialmente pedían nuevas elecciones, por el fraude electoral que le daba la victoria a Evo Morales en primera vuelta. Al no ser atendida la demanda, el conflicto se agravó y cuando Evo Morales anuló las elecciones, esto ya no era suficiente porque el pedido de renuncia era unánime, incluso por instituciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS), como la Central Obrera Boliviana.
“Al tener esta posición y no lograr consensos, el Gobierno está encaminándonos a una tormenta perfecta los próximos años”, dijo.