Tanto el partido gobernante, su caudillo y todos quienes lo secundan sufren de evidente paranoia. No a otra conclusión se arriba, si comprobamos, cotidianamente, sus reacciones ante la mínima mención que se hace al hecho histórico, democrático y constitucional, cuando el pueblo decidió votar por el no a una continua reelección. 

La simple mención de la sigla 21F es suficiente para que salgan de sus casillas y, ahí es cuando, emergen conductas y reacciones inexplicables, fuera de toda normalidad, que se encuadran desde la proclamación a la violencia y la intolerancia, hasta a un reconocimiento ficticio al derecho de expresión, siempre y cuando este no se manifieste en actos públicos. 

Vaya reconocimiento. Es de otro modo preocupante, que frente al tal hecho, se pretenda encontrar la digitación de súper poderes extraños, como el imperio, los vende patrias, derechistas: claras muestras de transposición y simulación política. Peor aún, si al resultado de la decisión mayoritaria se considere como un producto de manipulación y mentira, producto de un enrevesado novelón de alcoba presidencial, cuando precisamente fueron sus actores, quienes proporcionaron el guion y la trama, sin medir las consecuencias de que las cuitas sentimentales mutarían en delirante tragicomedia. Resulta inverosímil que en desenfreno que provoca el mentado reclamo ciudadano, instituciones públicas, encargadas de velar por el bienestar ciudadano y asegurar el ejercicio de los plenos derechos, el respeto a la Constitución y las leyes, a las que juraron someterse, se sumen a la paranoia. 

El entorno palaciego no queda atrás , al contrario, casi al unísono surgen sus voces y criterios alucinantes, al extremo de que un ministro considere a la patria como propiedad exclusiva de los actuales gobernantes y, la celebración de sus fastos, reservada a un entorno sumido en la embriaguez del poder. 

Ha llegado el momento de que prime la lucidez y la razón y se antepongan a las ambiciones partidarias y personales, los intereses del pueblo en su conjunto, cuya voluntad ya fue manifiesta en la urnas: "Lo que se está pidiendo es que se cumpla la Constitución y si el pueblo en un referendo promovido por el Gobierno dijo No, y si se escucha al pueblo, hay que aceptar esa decisión, sin buscar triquiñuelas para ver si se puede deshacer esa decisión sí o no". Esas expresiones corresponden a monseñor Jesús Juárez, miembro de la Conferencia Episcopal Boliviana y, consecuentemente, es el pensamiento oficial de la Iglesia católica, institución que ha enarbolado en todo instante el respeto a los derechos humanos, la libertad y la justicia como valores que deben ser preservados y respetados, exigiendo la vigencia de tales postulados aún en los recurrentes periodos de dictadura, como por ejemplo, la negra noche de aquella surgida el 17 de julio de 1980, en que se enseñoreó el desprecio a la condición humana. Es un deber reconocer que uno de los baluartes de resistencia a la opresión fue, sin duda alguna, esa iglesia que con su magisterio y su acción permitió el retorno a la democracia, sistema que no puede ser contrariado por los actuales detentadores del poder político.