No sorprende, de manera alguna, que haya fracasado el diálogo instalado ayer en Santa Cruz, en el primer día de una huelga general indefinida que cada vez se confirma más como la pulseta final entre los dos bloques que se disputan el control del país.

Y es que, como dijimos en este mismo espacio, hace apenas 48 horas, el fondo de este conflicto no es la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), como nos quieren hacer creer las partes en conflicto, sino medir fuerzas para saber en qué condiciones se llegará a la próxima contienda electoral.

Los representantes de Santa Cruz cumplieron con el libreto anunciado: pidieron que se abrogue el Decreto Supremo 4760, que es el que modificó la fecha del CNPV, y, como era de esperarse, el gobierno no aceptó esa exigencia. El argumento de este último está revestido de lógica jurídica: fijar la fecha del censo no es atribución de una mesa de negociaciones, ni tampoco del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuya principal atribución, en este tema, es el recuento poblacional.

El parágrafo 16 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado define a los censos oficiales como una competencia privativa del nivel central del Estado. El INE forma parte de ese nivel central y la Ley 1405 dice que “es la única entidad a cargo de la realización de censos oficiales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”. El detalle es que puede desarrollar y ejecutar los censos, pero en ninguna parte dice que tiene la atribución de fijar fechas.

Este detalle, que parece formal, es uno de los cuestionamientos del movimiento cívico cruceño respecto al censo. Existen, además, otras observaciones legales como, por ejemplo, que cuando se promulgó el Decreto Supremo 4546, que es el que fijó al 16 de noviembre de 2022 como fecha para la realización del censo, la Ley 1405 no existía, lo que ha provocado toda una confusión en cuanto a algunas de las atribuciones del INE.

¿Complicado? ¿Desde luego! Al ser los censos oficiales una competencia privativa del nivel central, el Órgano Ejecutivo puede decidir cuándo se realiza. Entonces, lo que se necesita es voluntad política, pero esa es, precisamente, la gran ausente en este conflicto.

Según se lee en el parágrafo primero del artículo 2 del 4760, “el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda - 2024 será ejecutado por el INE como máximo entre los meses de mayo y junio de 2024”. Eso hace prever que sus efectos serán aplicados en dos años, después de las elecciones de 2025, lo que despierta una mar de suspicacias respecto a cómo serán manejados los datos poblacionales en esa consulta popular. De por medio está la sospecha de que el actual padrón, cuyo manejo es uno de los secretos mejor guardados del país, está estructurado de manera que benefició, y beneficia, al partido en función de gobierno.

Pero… ¿qué pasa por el lado de los cruceños? Su posición es invariable: el censo debe realizarse en 2023 para que los resultados se apliquen también en las elecciones de 2025. De por medio está la redistribución de recursos en la que esa región está tan interesada, ya que es el Departamento con mayor crecimiento poblacional. En otras palabras, Santa Cruz quiere censo para tener más dinero. El detalle es que su crecimiento no es solo el resultado de los nacimientos, sino de la migración. Hay Departamentos que perdieron población, porque de allí salió la gente que se fue a poblar Santa Cruz. ¿Se debe dejar pasar por alto ese detalle? ¿No habría que discutir alguna política de compensación? Los cívicos orientales, que esperan respaldo a su postura, no han tocado esos temas porque sencilla y llanamente no les interesa. Pero hay cívicos que les hacen coro.