Cuando el trámite de Reforma Judicial vía referendo está avanzando, y tal vez por ello mismo, se han conocido observaciones tardías y algunas no muy bien intencionadas. A la lentitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no podemos resolverla, se suman esas voces a las que sí debemos contestarlas, especialmente para disipar dudas que, en algún caso, parecen razonables. Veamos:

1. “La propuesta es incompleta, ya que solo abarca la elección de magistrados”. Nuestra propuesta de Reforma tiene tres cimientos, el primero es, efectivamente, la selección y elección de jueces supremos, exclusivamente en base a méritos porque queremos empezar el cambio por la cabeza que, en los últimos 10 años, ha concentrado la falta de idoneidad e independencia dado el copamiento masista de las dos elecciones judiciales. Pero a partir de esa distinta selección de postulantes a cargo de la “Comisión Nacional de postulaciones”, para la designación y elección de Magistrados, ellos deberán, en base a una verdadera carrera judicial, reconstituir todo el cuerpo judicial, a partir también de méritos e idoneidades, acabando así con la subordinación política de los operadores de justicia.

Y junto a ese primer cimiento la propuesta formula dos más: Por un lado, presupuesto judicial del 3% del TGE, pero constitucional y con una eficiente administración de parte de un distinto Consejo de la Magistratura; y por el otro, con la devolución de competencias a la justicia indígena originaria y la constitucionalización de la justicia de Paz, universalizaremos el acceso a la justicia.

2. “La propuesta tardará mucho por los trámites ante el TSE y el Tribunal Constitucional, los libros, firmas y referendo. Más rápido sería un acuerdo político parlamentario para hacer la reforma vía ley, o mejorar los reglamentos para seleccionar a los postulantes”.

La polaridad acentuada y el fiasco de la elección del Defensor han desanimado a los colegas que estaban por ese “acuerdo”, pero todavía una conocida senadora de CC persiste en “mejorar los reglamentos”. Nuestra propuesta recoge la penosa experiencia de esta década y de todas las formas anteriores de selección y elección de magistrados, malogradas por la injerencia partidaria. Se trata de eliminar esa injerencia en el momento crucial, que es el de la selección de postulantes, porque está demostrado que los intereses partidarios siempre se han llevado por delante acuerdos y reglamentos, y ningún jurista de prestigio se presentará a la convocatoria si ésta proviene de una Asamblea Legislativa que sorprende a la oposición en los feriados, o la merma con prebendas en días ordinarios.

3. “Dejar en manos de la Asamblea la designación inicial de Magistrados es dejar nomás en manos de los partidos y volver al cuoteo”.

No, lo que se propone es que la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por 9 personalidades independientes, califique solo idoneidades personales y profesionales y, en base a ello, elabore ternas cerradas y vinculantes, no listas optativas, con los tres profesionales que hayan logrado al menos el 75% de la calificación. La asamblea legislativa no podrá apartarse de esas ternas para la designación de magistrados, pero además esa designación para ser válida deberá ser ratificada en referendo.

4. “La propuesta es inconstitucional porque elimina el voto popular como derecho consagrado en la Constitución”.
Este manido “argumento” del ministro Lima oculta dos cosas: la primera es que actualmente el voto popular apenas es una mera convalidación minoritaria del cuoteo parlamentario de los postulantes. Y la segunda es que la “propuesta” no anula el voto, sino que lo hace verdaderamente efectivo y decisorio luego que dos instancias constitucionales, la Comisión de Postulaciones y la Asamblea Legislativa, verifican la calidad personal y profesional de los postulantes. Un referendo para aprobar o rechazar la selección y designación de jueces supremos, será un ejercicio pleno del sufragio popular.

5. “La justicia indígena es obsoleta, y los jueces de Paz enfrentarán a los vecinos”.

Esto es ignorar las nuevas corrientes del derecho que, por un lado, consagran el pluralismo o la convivencia de varios sistemas jurídicos, para garantizar justicia en medio de la diversidad; y que, por otro lado, devuelven a la comunidad la resolución de los conflictos, desestatizando la justicia, aproximándola a la gente, no necesariamente con la ley, sino con la equidad.

Se espera en los próximos días la autorización del TSE para los libros y, con ello, iniciaremos en las calles la gran cruzada nacional por la justicia. 1,5 millones de firmas dirán si el camino propuesto es el correcto y varias dudas se absolverán en un renovado y movilizado ambiente de debate ciudadano.