Sin que tuvieran éxito, hasta ahora, los intentos de establecer el diálogo, ha comenzado el paro indefinido resuelto por el cabildo cruceño del 30 de septiembre, para obligar al Gobierno a que abrogue el Decreto Supremo 4750, que difiere la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024. La región oriental, que hizo ya dos huelgas -una de 24 horas y otro de 48 horas-, busca que el empadronamiento se efectúe en 2023.

En la primera jornada, se ha registrado un muerto en la localidad de Arroyo Concepción, Puerto Quijarro: era un funcionario municipal que integraba un grupo masista que buscaba desbloquear y que falleció, según informaciones preliminares, a causa de los golpes que le dieron bloqueadores cívicos. Por supuesto, el hecho debe ser investigado para determinar las responsabilidades en este lamentable hecho. Además, la violencia se ha manifestado también entre ambos bandos en enfrentamientos que han dejado cinco heridos -al menos en las cifras oficiales- y también múltiples agresiones a la prensa.

La escalada de violencia se da en el contexto de un masivo traslado de funcionarios de La Paz y de otras capitales, que son servidores públicos y no partidarios, a Santa Cruz, que no sólo han participado en un contracabildo organizado por el oficialismo, y que resolvió oponerse al paro indefinido y respaldar que el censo se lleve a cabo en 2024, sino que han arribado con el propósito de reforzar los grupos de choque que han comenzado a actuar contra quienes bloquean las vías y las rotondas de la capital oriental.

Al respecto, cabe señalar los paralelismos que se dan en el modus operandi del MAS para intervenir en estos conflictos.

Un elemento común, como lo han señalado agudos observadores, es la búsqueda de choques violentos que se suelen saldar con fallecimientos como el de la fecha y que después se atribuyen a quienes se oponen a sus planes. Ha sucedido especialmente en episodios críticos de gobernabilidad para el oficialismo. Lo que cabe señalar, al respecto, es que Santa Cruz ya se ha pronunciado y que tiene la clara posición de no retroceder hasta que se resuelva realizar el censo en 2023. Es necesario que, para evitar más situaciones de violencia, no caiga en las provocaciones, pues no por casualidad el Gobierno ha acarreado a empleados públicos y a grupos de choque a la capital oriental.

El Gobierno ha dado una buena señal al ofrecer rápidos resultados del censo que permitan redistribuir los recursos de coparticipación hasta fines de 2024, pero no se ha referido a la demanda de incrementar el número de diputaciones para Santa Cruz, debido a que su población es cada vez mayor. En consecuencia, al mantener que el empadronamiento se lleve a cabo en 2024, el Gobierno no ha escuchado la principal demanda cruceña; al respecto, la dirigencia regional ha expresado que hasta el mes es negociable, pero no el año: 2023. El desacuerdo ha llevado a un punto muerto el diálogo.

Es de esperar que prosperen nuevos escenarios de negociación y que no se dé lugar a la violencia. Ningún conflicto debe derivar en las muertes de bolivianos.