No es parte de la democracia tener derecho a bloquear los caminos libremente. Este mecanismo de presión social debe ser siempre el último recurso de lucha por las reivindicaciones de los derechos humanos (y, en su caso, de los de la naturaleza).

En un Estado democrático formado, es necesario regular el tema, de modo que quede claro cuándo un bloqueo es legal y cuándo ilegal. Así también quedaría claro cuándo sería ilegal que el Gobierno central intervenga mediante la Policía y cuándo es más bien su obligación desbloquear.

Un bloqueo ilegal podría ser, por ejemplo, cuando los bloqueadores ni siquiera hicieron conocer sus demandas a las autoridades, y directamente interrumpieron el paso. En esas condiciones, esa medida extrema es injustificada. Otro ejemplo, cuando se trata de un problema local y los ciudadanos se fueron a bloquear un camino interdepartamental o internacional. Esto es contrario a la proporcionalidad, por lo que no debiera permitirse.

Lo triste e injusto es que a los políticos —sobre quienes los bloqueadores pretenden ejercer presión— las medidas de fuerza no les afectan ni perjudican prácticamente en nada. No se afecta sus salarios, tampoco sus viajes (por lo general los hacen en avión) y no se genera un importante daño a su imagen, salvo que se esté muy cerca de las elecciones. Tampoco se afecta a la gente acomodada, con la excepción de empresarios que trasladan sus productos o insumos por tierra. A quienes sí se afecta mucho es, sobre todo, a las personas de escasos recursos, a aquellas que viajan y se movilizan en transporte público, a las que trabajan por cuenta propia y viven al día, y quienes viven en la periferia de las ciudades.

Al parecer, vale la pena pensarlo y discutirlo. Sin embargo, el tema es prácticamente un tabú. Cualquier intento de regular los bloqueos y las marchas generaría una reacción enérgica por parte de las organizaciones sociales del país, sean afines al partido en el Gobierno o a sus rivales. Reaccionarían así no solo para oponerse, sino para tildar la propuesta de absurda y hasta de fascista. No darían oportunidad para racionalizarla y ver si es o no coherente y beneficiosa. Pasa que las marchas y bloqueos son herramientas indispensables para las estrategias de luchas de poder, en su relación con los gobiernos. Regularlas limitaría las posibilidades de usarlas libremente ante una eventual situación de pugna de intereses con los gobernantes o con otros sectores.

Los gobiernos no hacen nada al respecto, y la ciudadanía, por su lado, tampoco usa los mecanismos jurisdiccionales para hacer valer su derecho a circular libremente por la vía pública. Ese es todavía el grado de madurez de la democracia boliviana, a 40 años de su recuperación. Depende de los propios bolivianos/as desarrollar su Estado de derecho o mantenerla así por otras cuatro décadas.

*es Constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado