A tan solo un día de que se inicie el paro indefinido anunciado en Santa Cruz, en torno a la polémica del Censo Nacional de Población y Vivienda, las amenazas por parte de organizaciones sociales afines al MAS se incrementan y el diálogo aparentemente no se asoma.

Las posturas, por el momento, son extremas; mientras el Comité Cívico de Santa Cruz pide la abrogación del Decreto Supremo 4760 que establece la realización del Censo para mayo o junio de 2024, y se apruebe que esta actividad se realice en 2023, el Gobierno insiste en un diálogo sin condiciones y descarta la petición de la región oriental.

Si se confirma y lleva adelante el paro anunciado por Santa Cruz, que según los dirigentes cívicos será contundente, el país recibirá un golpe duro justo cuando los diferentes rubros trabajan en pos de la recuperación de la economía.

Si Santa Cruz para, el perjuicio no solo será para esta región, sino para el país en general, porque se interrumpe el tráfico del transporte que lleva carga desde ese departamento a otros, y viceversa, además de que se paraliza la industria y otras actividades cruceñas que tienen un gran peso en el contexto nacional.

La primera decisión que debe asumirse en torno al Censo es dejar de lado las posturas políticas, que no ayudan a encontrar una salida a este problema, y analizar este tema con una perspectiva técnica, de lo que es mejor para el país, de modo que la implementación de esta gran encuesta se realice de manera impecable y los resultados sean lo más fidedignos posibles.

Si tras un análisis técnico se concluye que el Censo puede realizarse en la gestión 2023, tendría que procederse de esa manera, pero si se demuestra que la preparación de la encuesta requiere más tiempo, no habrá más opción que esperar hasta 2024.

Si se busca un consenso que beneficie al país y no solo a un grupo o partido político, los sectores enfrentados en torno al Censo deberán dejar de ser mezquinos y trabajar por el bien de todos.

El Gobierno anunció que no permitirá bloqueos en Santa Cruz, con la advertencia de despejar por la fuerza los que se instalen, mientras que el Comité Cívico ratificó que resistirán las arremetidas de la fuerza pública.

Por su parte, las organizaciones afines al MAS amenazan con cercar la ciudad de Santa Cruz, una medida extrema que es un atentado contra la vida de las personas, debido a que no se permitiría el ingreso de alimentos.

En vez de desperdiciar energía en las amenazas, las partes en conflicto deberían buscar la mejor salida para devolver la tranquilidad a la población y preparar el Censo que permitirá al país tener datos esenciales con el fin de implementar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 11 millones de habitantes.