Hoy, viernes 21 de octubre, vence el plazo que dio el cabildo cruceño al Gobierno para que retroceda en su decisión de hacer el censo de población y vivienda en 2024 y para que lo programe para 2023. Lejos de crear escenarios de diálogo, el oficialismo ha optado por la mano dura, lo que incluye todo tipo de medidas contra Santa Cruz, como la realización de un contracabildo este viernes, para el que están trasladando a funcionarios públicos y movimientos sociales de todo el país hacia la capital oriental.

No sólo eso, sino que el Gobierno prevé una estrategia de desbloqueo de civiles contra civiles con el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, como protagonista, además de un plan de libre transitabilidad a cargo de la Policía y que estará comandado por el ministro de Gobierno.

Los anuncios más graves tienen que ver con la amenaza de hacer un cerco de sectores sociales en busca de asfixiar a los cruceños y, para completar la estrategia, el Gobierno enarbola una retórica de golpismo, lo que le habilita para agotar esfuerzos “en la defensa de la democracia”.

Si bien los dirigentes cruceños han mostrado intransigencia en cuanto a la fecha, lo cierto es que ellos tienen razón en su demanda porque la ley dice que el censo debe realizarse cada 10 años y ya llevamos 10 años sin practicar un conteo de la población boliviana y de sus necesidades.

El Gobierno ha dispuesto que el censo sea el 2024, pese a que en principio decía que tenía todo listo para ejecutarlo en 2022. Todo indica que la estrategia ha cambiado y que ahora busca evitar que los datos del censo sean aplicados en las elecciones del 2025.

Frente a este panorama, los dirigentes cruceños han convocado a acatar el paro, lo que hace prever que se viene un escenario de violencia de imprevisibles consecuencias.

La irresponsabilidad es mayúscula porque lejos de sentar un precedente de autoridad, el Gobierno puede estar dando cuerda a una espiral de confrontación de la que podría arrepentirse.

Sin embargo, como la esperanza es lo último que se pierde, hacemos votos para que en las últimas horas que quedan antes del inicio del paro cívico indefinido las autoridades recobren la sensatez.

No se trata de aplastar a un enemigo, se trata de abrir un escenario de diálogo para atender una demanda concreta y de esa manera evitar la confrontación política que tanto dolor ha causado al pueblo boliviano durante la crisis de 2019. Para eso, el presidente Luis Arce debe despojarse de los fantasmas golpistas, porque él preside un gobierno legal y legítimo y nadie ha puesto en duda su continuidad.