Sobre la base de que un Estado es un “país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios”, hemos dejado establecido que, en los márgenes propuestos por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia no puede hablar de soberanía plena.

Según han planteado teóricos allegados al MAS, Bolivia no era soberana en los gobiernos neoliberales, puesto que su deuda con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo la tenían sometida a EE.UU. No se tomó en cuenta el detalle de que ambos organismos están integrados por varios países, incluido Bolivia.

Los datos del Banco Central de Bolivia, que maneja información oficial del Estado boliviano, confirman que la deuda externa de nuestro país ha crecido en proporción geométrica desde 2006 y, entre sus deudores, aparecen naciones como la República popular China, Corea del Sur y Venezuela. En la lógica masista, si había dependencia de EE.UU. por la deuda, lo mismo habría que pensar respecto a los deudores actuales. Ese es el argumento por el que se dice que Bolivia no tiene soberanía plena, así que no cumple con uno de los requisitos para llamarse Estado.

El país está reconocido por la comunidad internacional y tiene un territorio determinado, aunque reducido en relación a 1825. Lo que queda por determinar, entonces, es si tiene órganos de gobierno propios.

A este respecto, es altamente instructivo, y claro, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado que señala que “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral”. Agrega que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”. Hasta ahí todo parece claro, pero el texto constitucional es todavía más específico en los siguientes parágrafos, puesto que el tercero recuerda que “las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

Los órganos de gobierno de Bolivia son cuatro, el Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, pero, para ser considerados “propios”, no es suficiente que se declare su existencia en la Constitución: también es preciso que se ejecute cuanto esta señala al respecto.

¿Existe independencia y separación entre estos órganos o poderes? Sus integrantes dicen que sí, pero los hechos les desmienten. Como sabemos, en Bolivia existe un partido gobernante, el MAS, y las actuaciones de este están colisionando con lo establecido en el artículo 12 de la Carta Magna.

El Ejecutivo está controlado por el MAS, puesto que este es quien gobierna. Existe mayoría en el Legislativo, así que también lo controla, aunque le cueste trabajo conseguir los dos tercios. Hasta ahí todo está lógico y se considera permisible, pero, ¿qué pasa con los órganos electoral y judicial? Como se ha visto, el MAS controla el Órgano Electoral que, finalmente, termina actuando en función a los intereses de ese partido. Su independencia es solo de nombre.

El manejo del Órgano Judicial es tema aparte, pero hay que mencionarlo para fines del presente editorial: los audios y el escándalo que han provocado a nivel del Consejo de la Magistratura han demostrado que no es independiente, sino que está supeditado al partido en función de gobierno.

Por lo visto, los ciudadanos bolivianos no tenemos órganos de gobierno propios, pues estos responden al MAS. Sus funciones se están reuniendo en uno solo, el Ejecutivo, y, si eso no se llama absolutismo, tampoco se puede decir que sea constitucional.