Los comités cívicos de Oruro y Potosí se pronunciaron este jueves en favor de la exigencia del censo en 2023, a través de una declaración en la que, además, apoyaron “la movilización ciudadana” de Santa Cruz. Anticipan una coordinación nacional a partir del 24 de octubre.  

“Expresamos nuestro pleno respaldo al hermano departamento de Santa Cruz en la lucha por el censo 2023 que es la lucha de todos los bolivianos”, señala el documento firmado por Roxana Grass, del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y Rosario Sandalio, del Comité Cívico de Oruro.

En contacto con EL DEBER, Sandalio señaló que en su departamento el Movimiento Al Socialismo (MAS) controla una buena parte de las organizaciones sociales, pero no así a los ciudadanos de base que están preocupados por la forma en la que se planteó el censo.

Adelantó que, además de las reuniones de coordinación con los cívicos del todo el país, “la próxima semana tendremos una reunión con miras al cabildo en Oruro”. Además, este viernes se desarrollará una Asamblea de la Orureñidad para buscar consensos sobre estas medidas.

“El 22 de abril de 2022, el Gobierno afirmaba que se había trabajado en el documento base del proyecto censal, además señalaba que el censo debería llevarse adelante el 16 de noviembre de 2022”, señaló el pronunciamiento de las dirigentes.

“¿Por qué mienten tanto al pueblo boliviano? ¿Por qué anteponen una decisión política antes que una decisión técnica?”, apuntaron ambas en el escrito divulgado este jueves. El escrito también ratifica la exigencia potosina para obtener más regalías por el litio.

El gobierno pospuso el censo para un día aún no definido entre mayo y junio de 2024, según el Decreto 4760. En un cabildo, realizado el 30 de septiembre, Santa Cruz demandó abrogar esa normativa y que se reajuste la fecha de la encuesta para 2023.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló el 11 de octubre que los resultados del censo se entregarán en agosto de 2025, dos meses antes de las próximas elecciones generales. Además, se dio 16 meses más, hasta fines de 2026, para entregar el resto de los resultados, incluidos aquellos que se emplean para la asignación de recursos para las universidades.