Brújula Digital |17|10|22|

Frente al incumplimiento del Convenio de Minatama por parte del Gobierno boliviano, para reducir el uso del mercurio en la minería aurífera, el relator Especial para Sustancias Tóxicas de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, afirmó que lo que está Lo que está en juego es el honor del Estado, frente a sus compromisos internacionales.

“Lo que está en juego aquí es el compromiso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, es ahí donde está involucrado el honor del Estado porque el avance del derecho internacional es el cumplimiento de buena fe”, afirmó el alto comisionado, quien arribó a La Paz para participar de un seminario internacional para hablar sobre la situación del mercurio y sus impactos sobre salud, medioambiente y la naturaleza.

Las declaraciones del Relator Especial se realizan en un contexto crítico para la minería en Bolivia, donde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar derechos mineros, es el centro de críticas debido al alto nivel de corrupción y politización en torno a las autorizaciones auríferas. El retorno de Erick Ariñez a la entidad no es garantía de transparencia, pues en su gestión las dragas chinas y colombianas desembarcaron en los ríos amazónicos del país en busca de oro.

“No es un derecho internacional sancionatorio, lo que busca es que las partes, los países puedan cooperar, abordar problemas comunes, y les proporciona herramientas para poder llevar adelante esa convención”, dijo a Brújula Digital.

En Bolivia se ha cuestionado desde los pueblos indígenas, campesinos y originarios, la falta de transparencia y buena fe desde el Estado para realizar la consulta previa, libre e informada al momento de ejecutar proyectos extractivos, y la gran mayoría de comunidades afectadas por la minería denunciaron que jamás se les consultó estar de acuerdo con que se contaminen sus suelos, sus fuentes de agua y su salud.

“En el derecho internacional ambiental para enfrentar la grave amenaza del mercurio es el Convenio de Minamata, en este convenio las partes contratantes se comprometen a reducir, y si es posible, a eliminar el uso del mercurio”, sostuvo el experto a Brújula Digital.

El Estado boliviano ratificó el Convenio de Minatama el 2015, pero a partir de ese año, aumentó la importación del mercurio al país hasta convertir a Bolivia en el país centro del tráfico del mercurio a países vecinos. “El convenio es un esfuerzo de cooperación internacional, las partes de los países cuando asumen compromisos internacionales ponen el honor del Estado sobre la mesa”, enfatizó.

Marcos Orellana dijo que la pequeña minería aurífera es la fuente más grande de mercurio en el mundo porque más de 36% de emisiones y 2.000 toneladas anuales se liberan al medioambiente.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) prendió los focos de alerta, al advertir que el país se convirtió en el mayor importador de mercurio del mundo, con un promedio anual de 200 toneladas.

“El mercurio es un metal pesado persistente que es capaz de atravesar la placenta humana, genera enfermedades, discapacidades, puede generar la muerte, originar malformaciones en los fetos, estamos hablando de una problemática grave, sería, que requiere medidas urgentes y decididas”, instó desde el paraninfo de la UMSA.

Recordó que en cumplimiento a la misión que se le encomendó envió cartas de alegaciones al Gobierno de Bolivia expresando su gran preocupación ante el aumento exponencial del uso del mercurio en el país, ya que eso “frustra los objetivos del Convenio de Minamata, a la vez el convenio establece una obligación de preparar planes de acción nacional y establece ciertos plazos.

Hasta la fecha, señaló que de acuerdo a la información que cuenta la Secretaría del Convenio de Minamata, que es un compromiso de interés público, no registra ningún plan de acción de parte de Bolivia por reducir el uso del mercurio. “Hay aquí una demora más allá de los plazos establecidos en el convenio”, indicó.

“Cada día que pasa mientras continúa la liberación del mercurio al medioambiente es otro día más de exposición a las personas que sufren los impactos de este metal, en particular, de aquellas personas que trabajan en la minería, muchas de ellas en extrema pobreza, y también comunidades indígenas río abajo que dependen de sus ríos para su alimentación, lo cual habla de graves injusticias ambientales que deben ser abordadas con prontitud”, dijo.

Recordó que la  base del derecho internacional es el cumplimiento de las obligaciones de buena fe y lo que hace el Convenio de Minamata es buscar las herramientas y maneras de la cooperación internacional para abordar un problema que es local, nacional y que también tiene una dimensión global.

El Estado boliviano dijo que en el país la minería aurífera es “más que insignificante”, a partir de ello, “es que que hace la notificación y empieza a correr los plazos para la elaboración de los planes de acción nacional”.

Sin embargo hizo notar que la demora en la presentación de un plan nacional más allá de los plazos establecidos es un incumplimiento de las disposiciones que establece el acuerdo de Minamata.

“También es preocupante que cada día que pasa, no hay una acción decidida y continua la afectación de los Derechos Humanos de las personas (…). No se trata solo de la elaboración de un plan de acción, sino lo más importante, es su implementación con medidas concretas que apunten la transformación tecnológica, que deje de lado al mercurio en la pequeña minería aurífera, esta pequeña transformación tecnológica que es más eficiente para extraer el oro del mineral, es una solución que da ganancias a todas las partes”, manifestó.

Sobrevivencia del pueblo Ese ejjas

Al citar el caso del pueblo Ese ejjas, que habita en diez hectáreas donadas por una misión evangélica en el municipio de San Buenaventura, Marcos Orellana llamó la atención pues estaría en riesgo su propia sobrevivencia, por la alta contaminación del mercurio en los peces.

“El caso del pueblo Ese ejjas es sin duda paradigmático porque este pueblo depende del pescado para su sobrevivencia y su cosmovisión, es un pueblo del río, del agua, no tiene tierras, ni territorios, entonces la contaminación del pescado pone en riesgo su derecho a la alimentación, pero también sus derechos culturales y puede poner en riesgo su supervivencia como pueblo”, señaló.

La condición de nómadas hizo que el pueblo Ese ejjas perdiera su territorio ancestral en el proceso de saneamiento y titulación de tierras a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), instancia altamente cuestionada por dotar tierras a comunidades de colonos, conocidos como interculturales, quienes son afines al Gobierno.

El seminario internacional que cuenta también con expertos como Jesús Olivero, toxicólogo de la Universidad de Cartagena, Colombia, además de Óscar Campanini, director ejecutivo del Cedib e investigador, continuará este martes con la participación de defensoras del medioambiente y DDHH de la región.

BD JMC