Salvo el anticipo que hizo el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en sentido de que “se está acercando el diálogo”, hasta el cierre de la presente edición no había informes respecto a las necesarias negociaciones entre el departamento oriental y el Gobierno central con el propósito de evitar la huelga indefinida cuyo inicio está anunciado para el sábado. 

Y es que hasta este lunes no se oficializaba el diálogo simple y llanamente porque no se han tendido los puentes que conduzcan a los actores políticos a sentarse frente a frente para hablar del tema motivo del conflicto. Lamentablemente, hay intereses partidarios, lucha por el poder y otros afanes que alejan la búsqueda de soluciones. A cuatro días del inicio del paro indefinido por el Censo en 2023, se diluyen las esperanzas de que los esfuerzos se dirijan a evitarlo y, sobre todo, a encontrar soluciones que saquen de la mente colectiva la confrontación.

Se han puesto muchos candados a las puertas de salida. Ni el Gobierno ni la institucionalidad cruceña han demostrado, hasta ahora, una voluntad real de escuchar al otro con total desprendimiento. Las reuniones en las que se convocó al Comité Interinstitucional ya tenían libretos escritos previamente. El Comité avanzó en una propuesta para que el Censo sea en 2023, pero puso condiciones cerradas para exponer y para escuchar. En ambos lados, hay radicales que hacen mucho ruido y que pretenden ocupar los espacios y, así le van ganando a la racionalidad.

Por si fuera poco, reina la desconfianza, lo que significa la convicción de que no se puede creer en las opciones de solución que se plantee, y, además, abundan las descalificaciones. Es decir, la situación ha sido llevada al extremo y no encuentra una salida pacífica, con diálogo, como debería ser.

Hasta este momento, el debate técnico ha sido el gran perdedor, porque ha ganado la visión política de unos y de otros. 

No hay que perder de vista que la manzana de la discordia es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Santa Cruz pide que sea el próximo año y a su posición se han sumado algunas regiones, que todavía son minoría en el país. El Gobierno se mantiene en lo dispuesto en el Decreto Supremo 4760, que lo fija para 2024.

Si solo se observan los intereses políticos, se puede comprender por qué ganan terreno los radicales. En el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando atraviesan por una pugna interna tenaz, necesitan de un enemigo externo y qué mejor que confrontar con Santa Cruz.

En el departamento oriental, también hay radicales que ganan volumen alentando paros y bloqueos de caminos mientras sus líderes han eludido su responsabilidad de asistir a mesas técnicas y a llamados al diálogo. Ven la solución por el desastre porque ahí ganan protagonismo. Una muestra de que sus intereses son más sectarios que nacionales es que ninguno ha hablado de qué hacer con las regiones que resulten perjudicadas por los recortes, presupuestarios y de representación política, que se ejecutarán como consecuencia de los datos que arroje el Censo. 

De Bolivia siempre se ha dicho que puede llegar al precipicio, pero nunca caer al barranco. Y los políticos juegan mucho con esta lógica. Por eso alientan la confrontación y fácilmente caemos en la trampa de la violencia.

Pero alguien tiene que decirles que la situación puede desbordarse en cualquier momento. En medio de esta pugna están los ciudadanos de a pie, que observan este ir y venir con angustia. Un paro indefinido no le hace bien ni a Santa Cruz ni a Bolivia, y un cerco en ese departamento —como proponen algunos seguidores del partido de gobierno— solo causará violencia, con las consecuencias nefastas que todos ya conocen.

En los días que quedan antes del inicio del paro se deberían anteponer las neuronas antes que las hormonas; el interés de los ciudadanos antes que los afanes de los políticos de