Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos piden que se investigue al ministro de Justicia, Iván Lima, por la presunta comisión del delito de consorcio y asociación delictuosa, entre otros, luego de conocer las supuestas irregularidades en las que se incurrieron al cerrar y evitar el juicio de responsabilidades que se debía dar contra Petronilo Flores, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), caso en el que también está vinculado Marvin Molina, consejero de la Magistratura.

“Creo se debería revisar nuevamente el tema, porque hay algunos (diputados) de la comisión (de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado) que son de la misma calaña y estarían tapando al Ministro de Justicia y a los magistrados. Si eso se prueba, por supuesto que se confirma un consorcio y todo lo que nosotros hemos denunciado sobre el encubrimiento (del ministro Lima hacia Molina)”, señaló el diputado del MAS Daniel Rojas.

Afirmó que si el caso pasa a ser investigado por la Fiscalía, él no tendría ningún problema para presentarse como testigo y explicar los pormenores de lo que sucedió con el sobreseimiento que la Comisión de Justicia dictó en favor de Flores. Rojas adelantó que conoce la existencia de un audio en el que se evidencia que funcionarios del Ministerio de Justicia trataron de influir, a nombre de Lima, en los técnicos del Legislativo que analizaron la denuncia contra Flores.

Oposición

“Van a salir más audios, les advierto. Si va a haber juicio de responsabilidades ya se están atrasando, espero que haya una investigación real por parte de la Asamblea Legislativa contra todos los involucrados en este caso de consorcio, corrupción y abuso de su cargo en beneficio personal”, sostuvo el jefe de la bancada de diputados de Creemos, José Carlos Gutiérrez.

Para el diputado Marcelo Pedrazas, de CC, al margen de un posible delito de consorcio, existen otros cuatro: asociación delictuosa, falsedad material, falsedad ideológica y uso indebido de influencias. “En una primera etapa hubo protección (hacia Marvin Molina y Petronilo Flores) pero ahora esto se ha vuelto una asociación delictuosa”, manifestó Pedrazas en contacto con Página Siete.

Contexto de dos casos

En 2018 Pedro Martínez Cruz, exjefe de la unidad de descolonización del TCP, fue denunciado por dos funcionarias dependientes de él por acoso sexual, la abogada Claudia Sánchez y Edith R.M. Las víctimas acudieron a la entonces jefa de la Unidad de Transparencia, Lidia Rivas, y a Flores, que fungía como presidente del TCP.

Sánchez aseguró que Rivas y Flores obstaculizaron el proceso interno por seis meses y, pese a la gravedad del hecho, tampoco remitieron la denuncia al Ministerio Público.

Denunció que el magistrado protegió a Martínez y al contrario, ambas víctimas fueron destituidas. Ante este panorama, presentaron la denuncia contra Flores tanto al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Diputados, instancia que derivó al Comité del Ministerio Público.

Fue en esa instancia legislativa que se elaboraron dos informes, uno a favor de que Petronilo Flores sea sometido a juicio de responsabilidades y otro para que sea sobreseído. Los diputados del MAS -mayoritariamente- votaron por el último, pero allí surgió el segundo caso.

Sánchez, con respaldo en un informe del mismo TCP (UTLCC Nº 01/2022 de 24 de enero de 2022), señaló que el sobreseimiento en favor del magistrado Flores se basó en un informe falsificado, pero que fue legalizado -en enero de 2021- por Marvin Molina, expresidente del Consejo de la Magistratura, que en esa fecha aún ocupaba el cargo de secretario general del TCP.

“Si el informe del TCP señala responsabilidad administrativa y penal, y administrativa contra Marvin Molina, y ese documento era falso, como dice la víctima, hay delitos que investigar”, explicó el diputado Pedrazas.