El Gobierno nacional descartó este lunes abrogar el decreto supremo 4760, que establece que el censo se realizará entre mayo o junio de 2024. Sin embargo, ofrece diálogo a Santa Cruz, pero sin ningún condicionamiento o conminatoria.

Jorge Richter, vocero presidencial, señaló que el conflicto solo busca revalidar el liderazgo de algunas personas y ratificó que el pedido de adelantar, a 2023, la encuesta nacional es solo “regional”.  

“El diálogo de parte nuestra está abierto, la voluntad tiene que ser a partir de que todos acepten sentarse en una mesa, sin condicionarle al otro una conducta, porque el condicionamiento es una imposición, y la imposición no es diálogo, tiene otras características absolutamente distintas, poco democráticas”, dijo en conferencia de prensa.

El comité interinstitucional de Santa Cruz dio un plazo de 21 días a la administración de Luis Arce para eliminar la norma. Ese término finaliza este viernes y se anticipa el inicio de un paro indefinido con bloqueos en ese departamento.

La conferencia de prensa:

“En la cuenta regresiva, esperamos que haya una reflexión real, que se pueda tomar esta propuesta de sentarse a la mesa y que se dejen de lado algunas otras cosas que se dice a la población, señalando que no se conoce la información del INE, cuando tuvimos más de cuatro horas de transmisión abierta de la reunión”, remarcó la autoridad.

Recalcó que el decreto, “lo que hace es dejar abierta una fecha límite para la realización del censo”, misma que será anunciada durante el primer trimestre de 2024. “Sin nos condicionan de antemano a que tengamos que abrogar un decreto para sentarse en la mesa, es no tiene características de un diálogo, qué nos quieren decir, abroguen, el siguiente paso, colocan en 2023, y ahí estamos todos conformes, eso no nos garantiza que esa sea la última etapa de un conflicto que están trabajando”, insistió.

Denunció que la medida de presión tiene una “connotación política” y que el clima de conflictividad es gestado por “sectores dominantes” que no tienen acceso a la administración del Estado y que perdieron privilegios con el Gobierno del MAS.