Los desencuentros entre unos y otros sobre la realización del Censo parten de la idea de que es un ejercicio imprescindible para saber con cuántos somos y en qué situación vivimos. Pero, ¿será esta premisa tan verdad? ¿O estamos enfocando demasiado en un medio eludiendo los objetivos importantes?

Sabiendo que en muchos países ya no se realizan estos ejercicios costosos, el Censo suena como algo anacrónico. Existen bases de datos de todo tipo que, combinándolas, darían una buena estimación real de la población en los diferentes espacios territoriales del país; por lo menos, tan real como el conteo a base de encuestas casa por casa. Fuera de los errores inevitables en la recopilación de datos, hay otros temas que distorsionan sus resultados como las mencionadas migraciones artificiales antes del Censo y el manipuleo de cifras posterior. 

Pensar que con el Censo recién vamos a saber cuáles son los problemas y necesidades de inversión pública también suena como un contrasentido. Entonces, ¿en los últimos años, en base a qué se han estado realizando estas inversiones? Acá también una inteligente combinación y análisis de estudios y datos conocidos debería poder dar un panorama realista. Mecanismos de decisión con mayor participación de diferentes grupos de interés y profesionales podrían ser más efectivos para mejorar esta inversión. También, buscar un equilibrio entre gasto para sobrevivir e inversión para progresar. Calidad de la inversión es esencial, sobre todo en educación y salud. Estos aspectos no salen de un censo, sino de un diagnóstico estratégico de factores externos e internos, tendencias en el mundo, innovación…

Los reclamos para la revisión del Padrón Electoral son serios y provienen del interior y el exterior del país. Pero, más que un censo, la independencia y la seriedad del ente responsable le otorgarían la necesaria confiabilidad. El cruce de base de datos existentes sería también acá un buen inicio.

En mi opinión, hay dos temas básicos que deben ser debatidos a corto plazo y solamente necesitan voluntad política: el Pacto Fiscal y la representación parlamentaria. Temas espinosos, por cierto. El Pacto Fiscal debería tratar la redistribución del dinero público entre los diferentes niveles del Estado y criterios para la división dentro del país, como pobreza, oportunidades, tasa de retorno a corto y largo plazo. También debería revalorizar la generación de impuestos, reconociendo el lugar de generación y no solamente de pago, la (ir)relevancia del origen de las materias primas, la ampliación de contribuyentes, etc. 

La representación parlamentaria, por justicia, no puede desconocer los cambios poblacionales. Sin embargo, su efecto negativo para la periferia es amortiguado si se mantiene un sistema bicameral con Diputados en base a la población y el Senado en base a la paridad territorial. Acá también, la calidad es más importante que la cantidad.

Si se discutieran estos temas, probablemente la fecha del Censo y hasta la necesidad de su realización dejaran de ser causa de conflictos poco útiles. Y la energía que han generado estos conflictos se podría reencauzar hacia la definición de políticas que realmente son esenciales para el desarrollo del país.