El extractivismo, la minería ilegal, la tala indiscriminada y los avasallamientos son algunos de los problemas que aquejan a las comunidades indígenas de Latinoamérica. Por ello, desde hace algunos años surgieron voces de lucha y defensa de los territorios que buscan resguardar las autonomías y los derechos de estas naciones. 

En ese marco, se realizó el Seminario Regional sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Autonomía y Justicia Indígena, en Bolivia, de la mano de la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), la organización ORE y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).

En el encuentro se discutió experiencias de respeto a las autonomías y acceso a la justicia indígena en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, con la participación de alrededor de 30 líderes indígenas provenientes de esos países y expertos de los cuatro mecanismos internacionales que actúan sobre los derechos de estas naciones: el presidente del Foro Permanente, Darío Mejía; el relator especial sobre Derechos Indígenas de la ONU, Francisco Cali Tsay; el miembro por América Latina y el Caribe del Mecanismo de Expertos (MEDPI), Anexa Alfred Cunningham; y la comisionada para Pueblos Indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Alejandro Parellada, experto en asuntos indígenas de IWGIA, explica que se presentaron informes sobre el tema para debatir las necesidades de la región, los puntos comunes y las particularidades de cada país. 

Uno de los temas en los que se hizo énfasis fue la dificultad del acceso a la justicia indígena y su articulación con la justicia ordinaria. Pero, además, se evidenció las amenazas que viven los pueblos indígenas. 

Parellada sostiene que existen variaciones de país a país según el contexto, pero hay puntos en común, como el extractivimo o los proyectos de infraestructura que se realizan sin planificación ni coordinación con los pueblos indígenas. A eso se suma la burocracia, los procesos lentos y la falta de reconocimientos a los derechos indígenas.

“Se pide lo que se ha pedido siempre, un mayor diálogo, que sean consultados ante cualquier intervención sobre su territorio, y una vez que esto ocurra, que no se imponga ninguna política sin que los pueblos sean consultados; eso es común en todos los sitios. En nombre del desarrollo, muchas veces se imponen procesos económicos que afectan a las comunidades”, dice Parellada.

Durante el seminario, los cinco países participantes dieron a conocer sus principales desafíos. En el caso de Chile, el tema más urgente es el conflicto Mapuche, con respecto a la usurpación de tierras que sufre esta nación indígena.

Parellada explica que la última votación sobre la nueva Constitución da un pantallazo de lo que necesita el pueblo chileno, ya que, si bien la mayoría quería cambiar la Carta Magna, finalmente rechazó la propuesta presentada por la Convención Constituyente.

En el caso de Colombia, el principal problema es la violencia extrema que viven los indígenas. Por lo tanto, están enfocados en acelerar el proceso de pacificación del país. El experto señala que hay esperanzas en el gobierno de la vicepresidenta Francia Márquez, que prometió un mayor cuidado al medioambiente. 

Ecuador y Perú comparten conflictos similares relacionados a la falta de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. En este último país los comunarios comenzaron a autodeclararse autónomos para evitar los procesos burocráticos. 

LA PANDEMIA, ¿UN BENEFICIO?

El impacto de la pandemia a nivel global fue trágico para la gran mayoría; sin embargo, Parellada asegura que, en el caso de los pueblos indígenas, la situación no fue totalmente negativa. 

“Mucha gente que vivía en centros urbanos retornó a sus comunidades, donde al menos tenía alimento. Eso también hizo revitalizar la medicina tradicional, los métodos de prevención. Ha habido situaciones paradójicas porque han revitalizado algunos procesos internos de las comunidades y hubo revalorización del territorio”, sostiene.

Sin embargo, sí se evidenció una ausencia del Estado para acceder a las vacunas y otros mecanismos de protección necesarios para evitar el virus. 

Parellada asegura que hay que velar por el cumplimiento de los derechos consagrados y específicos y que los estados y las cooperaciones no deberían imponer agenda, como muchas veces ocurre, sino tratar de cumplir juntos las necesidades diversas de la población indígena. 

EL ROL DE LA POBLACIÓN 

“Muchas veces, hay desconocimiento sobre el papel que juegan los pueblos indígenas”, reconoce Parellada.  

Asimismo, explica que estas naciones cumplen un rol protector de las áreas verdes, bosques y recursos naturales, que a veces no es valorado por el resto de los habitantes. 

“En este mundo, donde se discute tanto el cambio climático, los pueblos indígenas cumplen un papel crucial. Uno puede identificar que en los territorios indígenas consolidados hay una conservación de biodiversidad muy alta”, asevera. 

Esto implica que el respeto a sus derechos y la búsqueda de justicia es también una forma de garantizar la biodiversidad del planeta que afecta a todos, incluso a los citadinos. 

“La población tiene que estar interesada en resguardar estos recursos. Apoyando a los territorios y pueblos indígenas, nos beneficia a todos”, sentencia Parellada.