Un artículo transitorio de la Constitución Política del Estado (CPE) que fue reinterpretado, el desconocimiento de un referéndum que rechazó la cuarta repostulación, dos polémicas resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de unas fallidas elecciones manchadas por la sombra de un fraude, son parte de al menos seis pasos de Evo Morales que provocaron la crisis que Bolivia vivió en 2019.

Han pasado tres años de los hechos y hasta la fecha no se investigó la responsabilidad de Morales en la crisis que cobró 32 vidas y dejó cientos de víctimas y heridos en todo el país.

1. CPE a base de compromisos

La Asamblea Constituyente se instaló el 6 de agosto de 2006, durante el primer mandato de Evo Morales. El documento fue sometido a un referéndum el 25 de enero de 2009, cuando fue aprobado por el 61,43% de los votos a favor. La promulgación se hizo el 7 de febrero de 2009.

Pero llegar a ese punto no fue sencillo, varias de las nuevas disposiciones causaron susceptibilidad. Una de las incorporaciones que generó polémica fue el artículo 168, que abrió las puertas a la reelección de presidente, presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, después de cumplir su mandato, “por una sola vez de manera continua”.

Para aprobar el proyecto de la CPE en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y llevarla a referéndum se necesitaba dos tercios, una fuerza que el MAS, en su primera gestión, no tenía. Ante la necesidad de convencer a la oposición de que la reelección no sería un problema, Morales se comprometió a que el periodo 2006-2010 iba a ser contado como su primer mandato.

Entonces se añadió la Disposición Transitoria Primera de la nueva Carta Magna. Ésta establecía que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos”.

Es decir que Morales podría ser candidato en las elecciones 2009 y, en caso de vencer, gobernar desde 2010 hasta 2015 como última gestión permitida. Pero la disposición no se cumplió.

2. El mandato que “no cuenta”

Haciendo uso de su derecho a una reelección, Morales se presentó a un segundo mandato en las elecciones nacionales de diciembre de 2009. Obtuvo una votación del 64% a su favor.

Tras los escollos sufridos para aprobar la CPE, durante su campaña apuntó a lograr los dos tercios en el Legislativo. Su estrategia funcionó y por primera vez el MAS consiguió el control de ambas cámaras de la ALP.

Esta ventaja le permitió conducir el país sin la necesidad de convencer a la oposición. Fue entonces que desconoció el compromiso asumido para aprobar la CPE y su primer mandato.

Desde el Gobierno se argumentó que la primera gestión (2006-2010) no contaba, porque -según su argumento- se dio bajo otro régimen constitucional. También se indicó que, por el cambio de Constitución, Morales no logró concluir su primer mandato y que eso le permitía ser candidato por segunda vez, aunque ya era la tercera.

3. TCP a medida y 3er mandato

La primera gestión de Morales estuvo caracterizada por un roce constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que no le permitía hacer los cambios que deseaba. El conflicto se hizo notorio cuando en Bolivia se realizó el primer paro judicial.

Pero con los dos tercios en la ALP y una nueva CPE, su segundo mandato tenía el potencial de tomar el control de todo el aparato estatal. La nueva Carta Magna establecía que la elección de magistrados ya no dependería de la ALP, sino del voto popular. Así, en 2011, se llevó a cabo la primera elección judicial.

Aunque la esencia del proceso era reformar la justicia, éste fue usado como una estrategia de tener un TCP hecho a la medida. Si bien fue el ciudadano el que con su voto eligió a las nuevas autoridades, los postulantes entre los que escogió fueron elegidos por la ALP, entonces controlada por el MAS. Los dos tercios le dio la posibilidad de habilitar como candidatos a los afines a sus intereses. El 16 de octubre los resultados de esa primera elección fueron claros. El 60% de los votos eran nulos o blancos. Pero aún así los elegidos asumieron sus cargos.

En 2013, con la acusación de injerencia política en la justicia y en busca de la tercera candidatura de Evo, la ALP -con dos tercios- aprobó el proyecto de “Ley de Aplicación Normativa”, que permitía la interpretación del artículo 168 de la CPE y la Disposición Transitoria Primera.

Por solicitud de la Cámara de Senadores, dicho proyecto normativo se sometió a un control de constitucionalidad. El 25 de abril de 2013, el TCP aprobó el proyecto de ley, los magistrados elegidos en 2011 argumentaron que “se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación ha generado una nueva CPE que contempla un nuevo orden”.

Con ello se habilitó a Evo Morales a buscar una segunda reelección presidencial en las elecciones del 12 de octubre de 2014. Obtuvo un 61% de los votos y un tercer mandato (2015-2020).

4. Un NO que fue desconocido

Apenas cumplía el primer año de su tercer mandato, cuando el MAS puso en discusión una nueva candidatura de Morales en la elección nacional de 2019, para el mandato 2020-2025.

Ante la ola de rechazo de diferentes sectores, decidió preguntarle al pueblo si podía postular o no y ordenó al ALP realizar la convocatoria a un referéndum constitucional. El 21 de febrero de 2016, Bolivia asistió a las urnas para decidir si se modifica o no la CPE para permitir una nueva reelección de Morales. En los resultados se impuso el “No” con un 51,30% de los votos.

5. El TCP de nuevo

Pese a que Morales se comprometió a aceptar los resultados del referéndum, en septiembre de 2017, senadores y diputados del partido del MAS presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los preceptos del régimen electoral. Argumentaron que no autorizar más que una reelección continua era una violación a los derechos políticos de las autoridades electas.

El 28 de noviembre del mismo año, apenas dos meses después de presentada la acción, los magistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Ruddy José Flores Monterrey y Neldy Virginia Andrade Martínez dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó a los entonces presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Álvaro García Linera, a repostularse de forma indefinida, por “derecho humano”. Sólo el magistrado Efrén Choque se negó a firmar el acta.

6. La elección 2019 y el fraude

Tras el fallo del TCP y con las elecciones cerca hubo varias reacciones. Una de las medidas tomadas fue el impugnar la candidatura de Morales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente muy criticado por tener como vocales afines al MAS.

El TSE emitió un fallo habilitando su repostulación para un cuarto mandato sucesivo (2020-2025). La oposición convocó a diversas protestas pero nada impidió que Morales llegue a las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019.

Han pasado dos años y pese a tres informes (OEA, UE y el Departamento de Estado de EEUU) aún no se tiene certeza de lo ocurrido esa jornada.

Hasta las 19:40 el sistema de conteo rápido había recibido 30.845 actas electorales, es decir el 89,26% del total.

Sorpresivamente, a las 20:10 hubo un corte del internet y la electricidad en el Serecí, por lo que se ordenó la detención del conteo rápido y la validación de actas.

El sistema no fue restablecido hasta las 14:30 del día siguiente. Se reanudó la validación de actas y se avanzó con el conteo oficial, pero no con el preliminar, pese a la susceptibilidad de la población. Cuatro horas después se reasumió la generación de resultados con un mayor avance y se advirtió un cambio de tendencia a la registrada antes del corte. Con los datos Morales descartó un balotaje.

Esa noche el corte del sistema de conteo rápido sembró la duda sobre la transparencia del proceso y generó una crisis política aún irresuelta que llevó a Morales a renunciar.