Los 40 años de distancia desde el 10 de octubre, valorando la continuidad democrática en medio de los avances y de los retrocesos, de las crisis dolorosas y de las soluciones incompletas, nos deberían permitir una visión integral de la agenda democrática pendiente, mucho más cuando siguen avanzando acciones y visiones estatales que achican y deterioran el espacio democrático.

El autoritarismo, esa concepción del Estado por encima de la sociedad que, bajo el supuesto de beneficiar a la mayoría, transgrede los límites de la autoridad y viola los derechos constitucionales, ocupa el primer lugar de esa agenda pendiente. La acción autoritaria del estado ha sido recurrente en estos 40 años, especialmente en los momentos de confrontación cuando las expectativas sociales se vieron defraudadas y pusieron a la gente en la protesta callejera extrema. Pero solo fueron momentos. Está década ha sido negativamente distinta. La acción autoritaria de los gobernantes se ha ido convirtiendo en práctica cotidiana del estado. Escudados en el voto mayoritario del momento electoral, se ha estigmatizado todo el tiempo al resto de la sociedad, intentando silenciar la disidencia social y eliminar la oposición política. Esa continuada práctica antidemocrática es el camino más corto a la tiranía, porque quiénes la ejercen están suponiendo que la autoridad no tiene límites y que la Constitución es apenas un discurso.

La corrupción pública, no ha sido superada. Más bien el patrimonialismo y el robo de los recursos públicos se han ido acentuando cuando crecieron los ingresos y las inversiones estatales. Toda contratación gubernamental es sospechosa, y ninguna investigación tiene el destino de mostrar lo contrario. El raterio, salvando excepciones, ha sido un campeonato siempre empatado entre liberales y estatistas. En 40 años la corrupción impune de los gobernantes sigue retroalimentando el saqueo de los fondos públicos, agravando la pobreza y sepultando la credibilidad de los políticos.

La violencia en el seno de la sociedad y especialmente la que se ejercita diariamente contra las mujeres es otra problemática no superada. En momentos distintos se han dictado dos leyes importantes que se han mostrado inútiles más allá de las carencias institucionales y presupuestarias. El machismo, la cosificación de la mujer como patrimonio privado varonil, cada año nos supone, al menos en el registro, el asesinato de 100 mujeres, que no solo deja la secuela de centenares de huérfanos y el dolor de cientos de familias, sino que tiende, con el miedo y la indefensión, a perpetuar la exclusión de las mujeres, uno de los grandes obstáculos del desarrollo nacional.

La renovación política es otra de las carencias sentidas después del agotamiento, primero del nacionalismo, después del neoliberalismo y, desde el 2016, del populismo autoritario. La penosa crisis del 2019 reveló ese agotamiento y esa ausencia. Un proyecto que pareció alternativo en 2006, se redujo al cabo de una década a un elitario proyecto de poder que, en su ambición, no tuvo reparos en llevarse por adelante la Constitución primero y el voto popular después. Y desde la oposición, más allá de las nostalgias del pasado, tampoco se formulan visiones estatales alternativas y distintas. Sin renovación de uno y otro lado no saldremos de la crisis y, peor, seguiremos en la confrontación que solo reforzará las peligrosas tendencias antidemocráticas.

Y está la justicia. La ausencia de una reforma judicial estructural es un escollo enorme en la convivencia democrática. Esa Reforma, en un primer gran momento, debe instituir independencia e idoneidad de los jueces, desterrando la subordinación del Órgano Judicial al poder político, por la vía de elegir magistrados en base exclusivamente a méritos, idoneidades, experiencia y producción intelectual, acabando con el manoseo de las postulaciones, la venta de cargos, la partidización del cuerpo judicial y la utilización grosera de la administración judicial para silenciar la disidencia y la oposición. Sin justicia, se han eliminado los frenos constitucionales al abuso gubernamental, a la violación de los derechos y al asalto del patrimonio público; todo ello en medio del hacinamiento carcelario, la retardación judicial, la impunidad de los criminales, la inseguridad ciudadana, el avance del narcotráfico y la naturalización de la violencia contra las mujeres. Una justicia verdadera podría, al menos, morigerar tanto lastre deleznable.

¿Podremos, en miras al bicentenario, construir un gran pacto nacional que, encarando la agenda democrática pendiente, nos permita una renovación integral del Estado y de la democracia?