Son 17 los ministerios que conforman el gabinete del presidente Luis Arce Catacora y sólo dos de ellos, Gobierno y Justicia, le quitan el sueño al ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), al punto de haber llevado al ámbito público un asunto que en un gobierno cohesionado se trataría internamente.

Hace unos cuatro o cinco meses la artillería de este bloque estuvo dirigida a la cartera de Gobierno, conducida por Eduardo del Castillo, y desde hace unas dos semanas apunta contra Justicia y su titular, Iván Lima, quien recibió una ráfaga de acusaciones de todo tipo y hasta fue amenazado con un juicio en la Asamblea Legislativa, pese a que la vigente Constitución Política del Estado ya no incluye a los ministros en casos de corte.

El argumento en ambos casos no es que los ministros estén realizando una pésima gestión, o que hayan cometido una falta grave, es que representan un riesgo para esta ala radical, que no admite librepensantes y menos corrientes internas, y en particular para el expresidente Evo Morales.

El ataque contra Del Castillo comenzó poco después de la captura por narcotráfico de un jefe antidroga del gobierno de Morales y las posteriores denuncias de que el subjefe de este partido, Gerardo García, habría agradecido los aportes de un condenado por narcotráfico en Argentina. El pasado mes, Morales confesó: “Tengo mucho miedo reunirme con el ministro de Gobierno, soy sincero, porque algunos comandantes con semejantes pruebas no están siendo investigados, menos procesados, eso levanta mucha sospecha. Tengo mucho miedo”. Insinuó que se estarían negociando declaraciones para implicarlo.

Ahora, la artillería disparó con todo contra Lima, coincidentemente luego de que fue acusado de filtrar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) sobre el asalto al Hotel las Américas ocurrido en 2009, y que deja muy mal parado a Morales, incluso en riesgo de afrontar un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH recomendó que este asunto se resuelva en el país para que se castigue a los responsables y, claro, en este caso la justicia jugaría un papel decisivo en un eventual juicio, que también sería decisivo para el futuro político del jefe del MAS, quien aspira a volver a la Presidencia.

Entonces, es lógico pensar que el ala evista quiera tener el control de esa cartera de Estado con un funcionario que se cuadre sin chistar a las decisiones de la jefatura del partido, incluso antes que a las del Presidente, y Lima no reúne ese perfil, es más, ni siquiera tiene un carnet de militancia como exige ahora a cúpula masista.

Presionado por las acusaciones de que sería parte de un “plan negro” contra Morales, de que estaría operando con sectores de la oposición y hasta que habría cometido una serie de delitos en el ejercicio de su profesión, el fin de semana Lima descargó contra el jefe del MAS un hilo de ocho tuits en los que lo acusó de mentir, discriminar y, con sutileza, de haber actuado con cobardía en la crisis de 2019. “Patria o muerte, venceremos. No huiremos”, redactó.

Pero al final borró los mensajes y ayer explicó que lo hizo para evitar una mala interpretación. Deslizó además que la guerra en su contra pudo haber sido desatada por quienes no ven con buenos ojos sus acciones de lucha contra la corrupción y tampoco la posibilidad de que la justicia sea reformada en un proceso que incluya a todos. “Existe una intolerancia en muchos sectores políticos de hacer algo entre todos, pero no va a funcionar”, advirtió.

El ministro ratificó además su “lealtad incondicional” al presidente Luis Arce, con lo que deslizó que lo que a él le preocupa es lo que piense el jefe de Estado y no el jefe del MAS.

En todo caso el futuro político de Lima y el de su colega Del Castillo se encuentra justamente en manos de Arce y su decisión dirá mucho de lo que ocurre dentro del MAS, del poder que aún tiene el ala evista y del tipo de gobierno que quiere apuntalar rumbo al bicentenario.